El Gobierno está pasando de la presión al matonaje sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para obligarlo a transgredir la Constitución Política del Estado e ignorar la voluntad popular que emitió un veredicto inapelable y soberano el 21 de febrero de 2016.

El más agresivo hasta ahora había sido el vicepresidente García Linera, quien les dijo a los vocales del TSE, que no hay nada que interpretar ni rebatir sobre la repostulación del presidente Morales y que la única salida que tienen es acatar la sentencia del Tribunal Constitucional y su ridículo argumento del derecho humano a la reelección indefinida. Lo más grotesco, sin embargo, es considerar que la decisión de esos mamarrachos “buscapegas” puede estar por encima de la decisión de la mayoría de los bolivianos que votó por el “No” a la cuarta candidatura del binomio que gobierna el país desde 2006.

Al parecer en el TSE existe la voluntad de salvar la democracia boliviana y emitir una decisión histórica al próximo 8 de diciembre, lo que ha llevado al oficialismo a redoblar su apuesta y recurrir a la amenaza abierta y descarada. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, acaba de intimidar con “graves consecuencias” si es que el Órgano Electoral no habilita a la dupla Morales-García Linera para las elecciones primarias, paso previo y tal vez irreversible para conseguir la candidatura ilegal a los comicios del 2019.

Obviamente sabemos de lo que es capaz de hacer el oficialismo cuando apela a ese tipo de afrenta, pues hay sobradas evidencias de las represalias que ha tomado contra todo aquel que ha decidido resistirse a los designios de la autocracia reinante en el país, desde que el régimen se apropió del pleno del aparato institucional del país. Recordemos nada más el destino del magistrado Gualberto Cusi, sometido a la tortura pública por haber expresado su disidencia con los objetivos de perpetuación.

Este tipo de acoso debería ser motivo de acciones del Ministerio Público, pues se trata no solo de una interferencia en las decisiones de un poder que goza de la independencia, sino de actos delictivos que merecen una sanción penal. De esta manera quedan claros los métodos dictatoriales que ya está usando el Gobierno y que seguramente agudizará una vez tenga en sus manos la llave para continuar en el poder, sin el respaldo popular y totalmente fuera de la ley.

Estamos viendo cómo las fuerzas represivas del país están preparando el terreno para la instauración de un régimen dictatorial y se ponen incondicionalmente a órdenes del poder político. En ese sentido, cabe concluir que las consecuencias no las sufrirán los miembros del TSE, sino el pueblo boliviano, que corre el riesgo de seguir el mismo destino de los venezolanos.

Al parecer en el TSE existe la voluntad de salvar la democracia boliviana y emitir una decisión histórica al próximo 8 de diciembre, lo que ha llevado al oficialismo a redoblar su apuesta y recurrir a la amenaza abierta y descarada.