¿Ineficientes gestiones de la oposición o ineficiencia de la OEA?

En su fallo de 28 de noviembre pasado, el Tribunal Constitucional determinó: “…declarar  la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los Derechos Políticos sobre los artículos de la Constitución Política del Estado….”  Según esta interpretación, el referido artículo 23 permitiría la reelección del binomio presidencial y de otros cargos electivos, de manera ilimitada y continua. 

 Tomando en cuenta que de acuerdo al principio de efectividad, ninguna norma inherente a los  derechos humanos puede ser aplicada o interpretada con fines distintos a la efectiva protección de los derechos del individuo en su conjunto, el razonamiento que hace el Tribunal Constitucional resulta aberrante. 

 Sin embargo,  al Gobierno le tienen sin cuidado los principios y normas del derecho internacional cuando son contrarios a su mayor interés, que es el capturar el poder indefinidamente, mediante la reelección de Evo Morales, sin importarle las consecuencias que acarree este descomunal atropello jurídico.

 Por eso era vital que antes del fallo del tribunal  boliviano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una Opinión Consultiva, expresando el verdadero alcance del artículo 23 del Pacto de San José. Eso habría inhibido al Tribunal Constitucional a pronunciar este dislate jurídico que, en realidad, más que una sentencia, es una determinación política.

 Un par de meses atrás, advertidos del inminente peligro que acechaba a la democracia boliviana, algunos especialistas en la materia manifestamos que urgía que los partidos de la oposición gestionen –a través de un órgano de la OEA– la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana sobre el alcance jurídico del artículo 23 del Pacto Americano de Derechos Humanos. 

 Convenía hacer esta gestión, en el entendido de que las Opiniones Consultivas se tramitan con mayor celeridad que las denuncias que se  presentan ante la Comisión Interamericana de la OEA. Se ignora la razón de por qué la oposición no encausó dicha gestión, o si lo hizo porque la Corte de Derechos Humanos no emitió la respectiva Opinión Consultiva. Es probable que la burocracia de la OEA hubiese sido el principal escollo para obtener tal pronunciamiento. 

 Asimismo, llama la atención que el secretario General de la OEA, Luis Almagro, recién hoy se pronuncie sobre este trascendental asunto y lo haga vía Tweet. Mucho antes de dictado el fallo, Almagro ya tenía conocimiento del tema, tanto por la información que le dio la oposición boliviana, como por las declaraciones que oficialmente realizaron los personeros del gobierno del MAS en Washington.

 El comentario del Secretario General no tiene efectos vinculantes porque sólo la Corte Interamericana puede precisar el alcance del referido artículo 23; interpretación que con apremio requeríamos los bolivianos, antes del fallo del Tribunal Constitucional.  

 Lo óptimo hubiese sido que Luis Almagro, amparado en el art. 64 del Pacto de San José,  pida a la Corte dicha interpretación. Concordante con ese mandato, la Carta Democrática Interamericana da facultades al Secretario General para realizar las  gestiones necesarias cuando en un país miembro  hay grave riesgo de alteración y quebrantamiento del orden constitucional. Ese riesgo se cernía sobre la democracia boliviana desde el momento en que un grupo de parlamentarios del MAS solicitaron al Tribunal Constitucional  la aplicación preferente del Pacto de San José. También  el Ministro de Justicia informó oficialmente a la OEA de esta decisión.

 A pesar de todo, debemos realizar cuanta gestión internacional sea necesaria para resistir ese ignominioso fallo.  Consumada la violación al derecho al voto emitido el 21 de febrero de 2016, hoy  corresponde formalizar la denuncia del pueblo boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 También debemos pedir a la misma Comisión o al Secretario General que soliciten a la Corte Interamericana la interpretación jurídica del artículo 23 del Pacto de San José. Asimismo, mediante aproximaciones políticas y diplomáticas se debe informar a la comunidad internacional de la vulneración cometida por el Tribunal Constitucional contra el orden constitucional, la democracia  y el Estado de derecho en Bolivia. 

Karen Longaric R. Es profesora de Derecho Internacional en la UMSA.