Las complejidades analíticas y los prejuicios políticos suelen encubrir verdades simples y obvias en las que es necesario insistir: en las elecciones del pasado 3 de diciembre triunfaron los votos nulos en más del 50% sobre los válidos, y si le añadimos los votos blancos, los resultados alcanzan alrededor del 67%. Este no es un dato menor y no puede ser pasado por alto por los ciudadanos, y menos por las autoridades del Gobierno.

Continuidades y rupturas

Un grito a voces

Las complejidades  analíticas y los prejuicios políticos suelen encubrir verdades simples y obvias en las que es necesario insistir: en las elecciones del pasado 3 de diciembre triunfaron los  votos nulos en más del 50%  sobre los válidos, y si le añadimos los votos blancos, los resultados alcanzan alrededor del 67%. Este no es un dato menor y no puede ser pasado por alto por los ciudadanos, y menos por las autoridades del Gobierno. 

  Estos resultados muestran la capacidad ciudadana de expresar, a través del sufragio, su desacuerdo o rechazo por una parte al procedimiento de elección y, por otra, al gobierno del MAS, que asumió una cerrada defensa de los candidatos detrás de la validación del voto.

  No  fue precisamente un rechazo a los personajes, que de forma individual se presentaron a tales comicios, porque resultaron ser actores desconocidos para la mayoría de la población, y quienes en los espacios asignados por los medios de comunicación, hicieron denodados esfuerzos para difundir sus discursos, que en el fondo eran indiferenciaciados e indiscutibles y versaban sobre los grandes problemas y las grandes necesidades de mejorar la justicia en Bolivia.

 En realidad, fue un rechazo  al  procedimiento poco adecuado para definir los cargos de las altas magistraturas del país y, al mismo tiempo, una protesta frente a la manera en que se encaminó el reciente fallo del Tribunal Constitucional desde el gobierno del MAS.

 Es preciso recordar lo sucedido en las precedentes elecciones judiciales de 2011. Esta experiencia demostró  que éste no era el mecanismo más adecuado para la selección de altas autoridades judiciales, pues no se logró el objetivo de  evitar la injerencia política  en el proceso de preselección en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ni en la campaña electoral, ni en la propia elección de los candidatos, pues el oficialismo se alineó a los votos positivos, mientras la oposición rechazó el acto electoral por tratarse de una manipulación del partido de Gobierno para ocupar este órgano estatal.

 En todo caso, los elegidos en ese momento no resultaron ser  los más idóneos ni los más capaces para ejercer dichos cargos;  la constatación se fue revelando durante los seis años de gestión, en que la justicia lejos de mejorar empeoró y se demostró que la elección mediante el sufragio no cambió la calidad de la justicia ni de los representantes, ya que varias de las autoridades electas fueron objeto de procesos internos y han incurrido en graves faltas. 

 Sin embargo, el problema más crítico en  dicha elección fue la ausencia de legitimidad de las autoridades electas, pues los votos nulos y blancos ya en ese momento se impusieron sobre los válidos. Estos errores requerían una seria modificación de los procedimientos e, incluso, ameritaban una reforma parcial a la constitución; sin embargo, se insistió en repetir la elección en los mismos términos y los resultados se agravaron pues el voto nulo se incrementó, y en algunos departamentos, como Santa Cruz, bordea el 60%.

 Pero el dato  político central de esta elección fue el contexto poco auspicioso en que se realizó, debido al reciente fallo del Tribunal Constitucional que favorece a la cuarta postulación del actual presidente como candidato para 2019, en una grave contravención a la voluntad popular expresada en el referendo del 21 de febrero del pasado año. Por tanto, si bien las autoridades serán investidas en los cargos, las señales de rechazo de la población son inequívocas, al mismo tiempo que se acrecienta la incertidumbre sobre la vigencia de la democracia. 

María Teresa  Zegada es socióloga y analista.