La información fue difundida por la presidenta de la comisión, la diputada Susana Rivero, quien indicó que existen suficientes elementos para constatar movimientos “inusuales y sospechosos”, que requieren de más investigación.

La acusación contra Mesa se basa en que, por decretos, el expresidente instruyó la suscripción de contratos para la construcción de los tramos carreteros Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, el primero que recayó en la empresa brasileña Camargo Correa y la segunda en Odebrecht.

Según la diputada Rivero, se encontraron tres indicios de que hubo irregularidades en las contrataciones de empresas brasileñas.

El primer indicio, según la oficialista, es el modus operandi. Explicó que las contrataciones autorizadas mediante decisiones altas esferas, como el decreto supremo, son una práctica que realizaron las empresas brasileñas en otros países donde hubo sobornos.

Afirmó que ese modus operandi fue revelado en el juicio por el caso Lava Jato en Estados Unidos, con la confesión de Marcelo Odebrecht. De acuerdo con la diputada, en ese proceso en el exterior se reveló que las empresas brasileñas pagaban coimas en paquetes, maletines o transferencias.

El segundo indicio consiste en las coincidencias de funcionarios de Gobierno en lugares donde estaban empresarios brasileños, en particular Marcos de Moura Wanderley, exrepresentante de Camargo Correa en el Perú, y Jorge Barata de Odebrecht, quienes son acusados de operar los esquemas de sobornos.

Rivero aseveró que Mesa tuvo 16 coincidencias de viajes en el periodo investigado.

El tercer indicio, y más preocupante según Rivero, son los movimientos de dinero que, de acuerdo con la comisión, no tienen justificación económica ni legal, ni se explican por ingresos privados.

Los implicados 

La diputada presidenta de la comisión indicó que hay ocho implicados con “serios indicios”.

Señaló el nombre de Carlos Mesa. A los demás los mencionó como un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, dos viceministros de Mesa, un exministro de Mesa, un exministro de Eduardo Rodríguez Veltzé y dos exgerentes del Servicio Nacional de Caminos.

Indicó que el informe de la comisión se pasará a la Asamblea con la recomendación de que se remitan los antecedentes al Ministerio Público, para que investigue y viaje a Brasil a entrevistar a los que pagaron sobornos.

Carlos Alarcón, abogado y exviceministro de Carlos Mesa, negó ayer acusaciones que hizo la diputada Susana Rivero, en la investigación del caso Odebrecht, y afirmó que la oficialista quiere contar a la opinión pública una “película de ficción”, para implicar al expresidente con sobornos.

Horas antes, la diputada Rivero, presidenta de la comisión legislativa que investigó el caso, informó que se concluyó las pesquisas y se había encontrado  “indicios serios” contra ocho personas, entre ellas Carlos Mesa, respecto a irregularidades para direccionar contratos a empresas brasileñas.

Carlos Alarcón también fue implicado en el caso, porque siendo viceministro de Justicia fue designado ministro interino de Obras para firmar un decreto supremo de 2004, mediante el cual se autoriza la construcción de los tramos carreteros Roboré- El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, que ahora son los observados por la comisión legislativa.

El abogado descalificó la versión de Rivero. Explicó que en el gobierno de Mesa no se desembolsó ningún centavo para esas obras, puesto que no se pudo consolidar el financiamiento. Señaló que el financiamiento se consiguió en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé y que los proyectos se ejecutaron también en la gestión de Evo Morales.

Afirmó que para ser real la versión de Rivero los presuntos sobornadores tendrían que ser unos “idiotas”, por dar dinero para un proyecto para el cual no se pudo conseguir el financiamiento.    

Señaló que la oficialista contó una “película de ficción” al involucrar a Mesa, pero que la “verdadera película” está contada en un reportaje, en el cual se revelan correos electrónicos de presuntos sobornos que habría pagado Camargo Correa durante las gestiones de Rodríguez Veltzé y Morales.

Cuestionó que la investigación de Rivero solo haya abarcado a un exministro de Rodríguez de “refilón” y no haya tocado al gobierno del MAS. Aseveró que la intención de la investigacion realizada por la comisión es encubrir a los verdaderos responsables de las irregularidades con las empresas brasileñas.

Mencionó, por ejemplo, que existe un correo electrónico en el que un ejecutivo de Camargo Correa califica de amigos a legisladores del periodo 2005, habla de un pago y una reunión en Sao Paulo.