Zulema Antonieta Gonzales Coronado

Perfil

• Chuquisaqueña.
• Licenciada en Derecho de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca.
• Especializada en  Derecho  Constitucional.
• Abogada asistente de varias salas del Tribunal Supremo de Justicia, así como del TCP.

Puntaje: 63,8

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal constitucional plurinacional (Tcp)?
Trabajé durante 17 años en el Tribunal Constitucional, desde cargos inferiores hasta ser letrada de Presidencia, lo que me dio la oportunidad de conocer a fondo toda la problemática relacionada con el ejercicio de la justicia constitucional; fundamentalmente la defensa de los derechos y garantías constitucionales. A partir de ello, considero que la justicia constitucional es la mejor herramienta para la resolución de conflictos relacionados con la vulneración de derechos de los ciudadanos, los que deben ser tutelados de manera eficaz y eficiente para que no queden en el enunciado lírico de la Constitución.

2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?
Para mejorar la administración de justicia deben adoptarse medidas urgentes principalmente para erradicar la corrupción, la retardación de justicia y recobrar la credibilidad de la justicia y especialmente de la justicia constitucional. En ese sentido, la gestión del TCP debe ser transparente y en estricto apego a las normas que rigen su funcionamiento, en cuanto a la observancia de plazos y procedimientos y cumplir a cabalidad los fines constitucionales en cuanto a velar por la supremacía de la Constitución.

3.- ¿Qué hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Se debe llevar a cabo un proceso rápido y efectivo de recomposición institucional, dotando a la institución de los mejores profesionales, a partir de un proceso de institucionalización de cargos, con evaluaciones y capacitaciones periódicas y constantes. Asimismo, se debe implementar un sistema de gestión procesal eficiente, de libre acceso a los litigantes, para que hagan seguimiento directo a sus expedientes y sean notificados con la oportunidad del caso para que puedan plantear los recursos que correspondan; se debe levantar la confidencialidad de los sorteos, de modo que se conozca desde inicio quién es el magistrado relator, así el justiciable pueda pedir la excusa si corresponde y evitar actos de corrupción.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
La elección de magistrados mediante voto popular, sin lugar a dudas, confiere legitimidad a quienes resulten electos, por lo que éstos únicamente tendrían que deberse o responder al pueblo que los eligió, más allá de cualquier parcialidad, inclusive del propio poder político. A partir de ello, considero que el “ansiado” cambio en la justicia puede y tiene que darse; sin embargo, para ello se requiere el compromiso decidido de cada uno de los que resulten electos.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla? 
Propongo el estricto cumplimiento de los plazos procesales, debiendo las resoluciones ser notificadas dentro de las 24 horas de la fecha en que sea expedida la resolución y sentencia, no como ocurre ahora, en que si bien la sentencia sale en el término establecido, sin embargo la notificación se produce después de varias semanas y meses, lo que no responde a la realidad. La retardación,  además de ser sancionada administrativamente, debería implicar también la pérdida de competencia del magistrado.