Carlos Alarcón llegó hasta plaza Murillo, en el centro del poder político, para salir en defensa de Mesa y cuestionar el informe de la  Comisión que investigó el caso Lava Jato, que en Bolivia se conoce como Odebrecht, y que estableció indicios que vinculan con el escándalo a ocho exfuncionarios de gobierno, entre ellos a Mesa.

Montaño consideró que el exmandatario tiene una memoria frágil y recordó que ya en su pedido de levantar el secreto bancario olvidó mencionar que tenía una cuenta bancaria en el exterior para recibir un salario por dictar clases universitarias.

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De acuerdo a su flujo migratorio, dijo, solo fue una vez a España para dar clases. “Debería tomar un tónico para la memoria el señor Carlos Mesa”, sostuvo.

Pero sobre el caso señaló: “Aquí no se trata de una polémica político-partidaria sino de elementos que tendrán que explicar las personas que muestran coincidencias en términos de su flujo migratorio, que muestran coincidencias en términos de dudas respecto de manejo de recursos económicos”.

El abogado Alarcón en plaza Murillo. Foto:APG

No se conoce aún la fecha en la que el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional trataráel informe que establece pasar a la Fiscalía los resultados de la investigación abierta luego que se develara indicios del pago de sobornos para la adjudicación de la carretera Roboré-El Carmen en el departamento de Santa Cruz. La próxima o la subsiguiente semana será agendado el tratamiento.

Mesa no se pronunció, aunque antes de hacerse público el informe pidió que en la investigación sea incluida la administración de Evo Morales. Su abogado, Alarcón, afirmó que el oficialismo empezó una “guerra sucia” contra el exmandatario, quien el 1 de octubre oficializó su candidatura presidencial para hacer frente al oficialismo.

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En el análisis del jurista, lo que ahora se ha abierto es el caso Quiborax II en alusión a la amnistía en el proceso abierto por la recuperación de una concesión de la firma chilena Quiborax, que derivó en un arbitraje que le costó al Estado una indemnización de $us 42,6 millones.

"Odebrecht en Bolivia, este es un caso Quiborax II donde se pretende proteger a alguien y sus negociados. El evismo y el gonismo se juntan para atacar de forma despiadada a Carlos Mesa", insistió el abogado y exautoridad en el gobierno del exmandatario.

La diputada oficialista Susana Rivero presentó el informe de la investigación y anticipo que ocho exfuncionarios de Estado, entre ellos Mesa, están vinculados con el caso de pago de sobornos y mencionó aspectos sospechosos como coincidencias de viajes del expresidente con ejecutivos de la firma brasileña, además de “movimientos sospechosos e inusuales del señor Mesa”