La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional que investiga la suscripción de contratos entre el Estado y las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa concluyó que se encontraron indicios de presuntas irregularidades que vinculan a ex funcionarios de gobierno, entre ellos al ex presidente y actual candidato por el FRI, Carlos Mesa. Éste calificó de "vergonzosa" la investigación de la comisión "masista" y su abogado acusó al oficialismo de desplegar una "guerra sucia" en etapa electoral.

La presidenta de la Comisión, Susana Rivero, detalló que se encontraron tres indicios: modus operandi de las empresas implicadas; viajes al Perú de funcionarios que coincidieron con gente de Odebrecht; y movimientos económicos "inusuales y sospechosos".

"Tres indicios que prueban que Lava Jato llegó a Bolivia y que esta investigación debe continuar a través de la instancias respectivas, para que el Ministerio Público empiece una investigación jurisdiccional y pueda trasladarse a Brasil y pueda entrevistarse con los pagadores para que digan en qué instancia operaron", sostuvo.

Detalló que se investigaron a tres gobiernos, cinco proyectos carreteros, 179 personas, y de ahí se redujo la lista a 22, quienes fueron invitadas a aportar a la investigación; de ellos, hay "ocho personas que tienen indicios serios".

Además de Mesa hay dos viceministros de su gestión, un ministro de Goni, un ministro del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé y dos ex gerentes del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC), involucrados.

"El señor Carlos Mesa sólo en cuentas en Bolivia trabaja con cinco bancos y una mutual. Y tiene 16 cuentas bancarias, y en ellas, hay movimientos inusuales o sospechosos en varias de sus cuentas", completó Rivero en una entrevista radial posterior.

Según la legisladora, en las cuentas bancarias de Mesa hay depósitos de $us 10.000, $us 30.000 y hasta $us 60.000, que no tienen justificación. Los presuntos hechos tienen que ver con la construcción de la carretera Roboré-El Carmen (Santa Cruz).

Rivero precisó que no sólo se rastrearon las cuentas de Mesa, sino de otras ex autoridades.

"Sacaban decretos de urgencia, que eran promovidos por personas de confianza en interinatos cortos, y estas carreteras fueron gestionadas y negociadas desde la licitación hasta que se firmó el contrato principal en el gobierno de Carlos Mesa", aseguró Rivero.

Precisó que el proceso de negociación de las carreteras empezó en abril de 2003 (gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada); continuó con la etapa de construcción y gestión de la carretera, desde la emisión del primer decreto y la firma del contrato principal (gobierno de Mesa).

Rivero apuntó que en el siguiente gobierno de Rodríguez Veltzé se cambió el financiamiento y rebajó el monto. Mientras que en la gestión de Evo Morales "se renegociaron las tasas de interés con la CAF".

De acuerdo con la Comisión, tanto Sánchez de Lozada como dos ministros de Carlos Mesa (interinos de Obras Públicas), un ministro de Rodríguez Veltzé y dos gerentes del ex Servicio Nacional de Caminos reportaron movimientos inusuales en cuentas bancarias.

Al respecto, en la víspera de conocerse las conclusiones del trabajo de la comisión, Rodríguez Veltzé detalló que envió su respectivo descargo al Legislativo.

MESA PIDE INCLUIR A eVO

Mediante una carta, el ex presidente Mesa solicitó a Rivero, que se amplíe la investigación del caso Lava Jato al presidente Morales.

Más tarde, al conocer los resultados de la Comisión, Mesa escribió en redes sociales: “Camargo Correa, la vergonzosa investigación de la comisión masista presidida por Susana Rivero, otro Quiborax para “demolerme”.

Mesa dijo que los supuestos sobornos “se pagaron entre el 19 de septiembre de 2005 y el 18 de agosto de 2008, durante los gobiernos de Eduardo Rodríguez y Evo Morales, no durante mi gobierno”.

Complementó que durante su gobierno no se concretó el acuerdo de construcción que debía financiarse con un crédito brasileño porque no se logró cubrir la contraparte de 20%, lo cual sí se hizo en la administración de Rodríguez Veltzé y con financiamiento de la CAF y no de Brasil.

“¿Por qué el gobierno de Eduardo Rodríguez incumplió la Ley 3187 que lo obligaba a hacer una nueva licitación y un nuevo contrato y, por el contrario, hizo una modificación de contrato manteniendo como adjudicataria a CC (Camargo Correa), siendo que el crédito CAF no condicionaba su otorgación a una empresa brasileña?”, cuestionó.

¿PERSECUCIÓN?

Para el abogado del candidato del FRI, Carlos Alarcón, el gonismo y el evismo se juntaron para desatar una guerra sucia.

"Estamos viviendo una guerra sucia despiadada contra el ex presidente Mesa, donde el gonismo y evismo se juntan, son hermanos siameses. Están aliados para desacreditar por cualquier razón, habida y por haber, al ex presidente Mesa", lamentó Alarcón.

El jurista añadió que este hecho con el cual se implica a Mesa, es similar al caso Quiborax, en el que el Gobierno trató de inculpar al ex mandatario para encubrir a los verdaderos responsables del suceso.

"Aquí no se trata de una polémica política partidaria sino de elementos que tendrán que explicar las personas que muestran coincidencias en términos de sus flujos migratorios, en términos de dudas al respecto de manejos de recursos económicos y eso será tratado por el pleno del Legislativo", explicó la titular de la Cámara Baja, Gabriela Montaño.