Esta iniciativa no es ninguna novedad, ya desde hace un par de meses se planteó tal idea en otras ciudades. Adviértase que recientemente la prensa informó que el Tribunal Supremo Electoral rechazó el recurso presentado por la agrupación Demócratas en contra del artículo 40 del reglamento de las elecciones primarias, que implica que solamente alguien del MAS pueda impugnar la candidatura de su partido.

Este criterio de antemano es atentatorio al debido proceso y a los postulados democráticos por cuanto se debe respetar la decisión de los referéndums por la no reelección indefinida (referéndum de fecha 25 de enero de 2009 y referéndum del 21 de febrero de 2016) en la misma ley de organizaciones políticas.

No se debiera legitimar este proceso con las demás candidaturas bajo esas condiciones, pues si bien se podría solicitar la inhabilitación del binomio oficialista después de las primarias, pero eso ya es ir en desventaja y de forma más incierta por ende debe garantizarse el derecho a la inhabilitación de candidatos desde un principio, entre otros aspectos más.

Antes de estar apoyando a uno u otro candidato, la sociedad debería exigir la abrogación de dicha ley, esa debería ser la posición de los políticos (aunque es dudoso que todos los llamados líderes políticos realmente lo hagan por puro cálculo político o incluso por falta de una verdadera voluntad creativa) y no ser usados dando viabilidad a la misma. Sin embargo, lo peor es no intentarlo (más aún por parte de la ciudadanía que al final es quien se ve burlada de sus decisiones y es quien lleva más la de perder) que es lo mismo a consentir o hacer poco o nada (mirar todo de palco y dejar que las cosas sucedan libre y consentidamente).

Ya el diputado Gustavo Serrano habló en septiembre sobre esta posibilidad indicando que el pueblo se tiene que movilizar para que se abrogue la ley de Organizaciones Políticas al igual posteriormente lo hizo Edgar Rendón.

Las plataformas ciudadanas nacieron en defensa del 21-F y esa es su esencia, por lo tanto, el pedido de abrogación a dicha ley va acorde a sus designios. Ellas, dada su finalidad, podrían convertirse a largo plazo en control social de los políticos, en especial de los que se encuentren en la función pública; por lo tanto, no es aconsejable que las plataformas ciudadanas como tal apoyen a “X” o “Y” candidatos, obviamente sí podrían hacerlo a título personal cada persona o miembro si así lo desea, pero no a nombre de determinada plataforma ciudadana para no desnaturalizarla.

Hace unos días la agrupación Abogados somos todos en su manifestación en las puertas del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz dieron a conocer la propuesta de abrogación de la ley de organizaciones políticas. Es así que principalmente la ciudadanía es quien debe manifestarse por cuanto se debe evitar viabilizar una ley con reglas que destruyen las condiciones de los ciudadanos con respeto a sus decisiones.

El pedido de inhabilitación después de las primarias se va en desventaja y de forma más incierta (con candidato en juego) pues en el peor escenario se apunta hasta un futuro amparo constitucional, quedando a merced del Tribunal Constitucional (TCP) quien ya dispuso una nefasta jurisprudencia al respecto y motivó todo este embrollo. Quedando al final como última “esperanza” la de cuidar el voto de forma eficaz y eficiente por parte de la propia ciudadanía a nivel nacional.