El gobierno del presidente Evo Morales y el expresidente y candidato por el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI) se acusan de estar involucrados por los presuntos sobornos en el caso Lava Jato.

Por un lado, la Comisión de investigación de la Asamblea Legislativa encontró indicios de responsabilidad contra Mesa y otras exautoridades y sugirió enviar un informe a la Fiscalía, mientras que, la defensa del exmandatario aseguró que pretenden encubrir a los verdaderos responsables.

La Comisión Mixta de investigación del caso Lava Jato concluyó su trabajo el pasado 2 de octubre, donde establecieron indicios de responsabilidad en tres gobiernos. Se menciona a un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada; dos exministros y un exviceministro y el propio Carlos Mesa, y un exministro de Eduardo Rodríguez Veltzé, informó la diputada del MAS Susana Rivero, presidenta de esa delegación.

Mientras que Carlos Mesa, a través de una carta que fue enviada ayer, pidió a la presidenta de esa Comisión que se incluya al presidente Evo Morales en la investigación, por los supuestos pagos que realizó la empresa Camargo Correa en el país para la adjudicación de la construcción de la empresa Roboré-El Carmen.

Esta solicitud se hace después que se desveló la existencia de al menos cuatro correo, tres de ellos en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y una comunicación en la primera gestión de Evo Morales (2006-2009), que fue publicado en el periódico El Deber de Santa Cruz.

INVESTIGACIÓN

La Comisión del Legislativo comenzó con el trabajo de investigación desde el pasado 16 de abril y concluyó el 2 de octubre de este año. Estas indagaciones sobre la base del informe de la Policía Federal del Brasil denominado Castillo de Arena, como parte del escándalo internacional conocido como Lava Jato. La investigación de este caso involucró a varios presidentes de la región, entre ellos Luiz Inacio Lula Da Silva,

El informe presentado por la legisladora establece que el proceso de adjudicación de la construcción de la carretera se dio a partir del 2003, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y se viabilizó durante la gestión de Carlos Mesa.

Según el informe, en la investigación se tomó en cuenta a los exfuncionarios de los tres gobiernos anteriormente señalados, que participaron en decisiones en cinco proyectos carreteros. En un comienzo se indagó a 179 personas, que preliminarmente quedaron 21 y en 8 de ellos se encontraron indicios de responsabilidad. Carlos Mesa encabeza la lista, Carlos Eduardo Morales Landívar, Luis Gemio Mollinedo, Carlos Romero Mallea, Carlos Alarcón, Jorge Peredo, Luis Landívar y Mario Avelino Moreno.

Por último, en la gestión de Rodríguez Veltzé, se “hizo el contrato modificatorio, rebajó $us 42,5 millones a las dos carreteras, cambio el financiamiento” y “en el Gobierno de Evo Morales no se tocó ni un centavo el monto contratado y más bien se renegociaron las tasas de interés”, añadió.

Rivero afirmó que en las investigaciones identificaron al menos tres elementos que permiten incluir en el caso a otros exfuncionarios: el primero tiene que ver con el modus operandi, el segundo, las coincidencias de los viajes y reuniones y el tercero tiene que ver con el movimiento inusual y sospechoso de recursos económicos.

“Hemos encontrado estos movimientos inusuales y sospechosos en las cuentas de Carlos Mesa, en exministros y exviceministros. La Comisión ha enviado a la ALP su informe y tenemos suficiente información para que se incluya en la investigación a exministros, exviceministros y al propio Carlos Mesa”, indicó Rivero.

ENCUBRIMIENTO

Alarcón, uno de los mencionados en la lista de la Comisión Legislativa, indicó que este informe pretende encubrir a los legisladores y jefes de bancada en el 2005, que son mencionados en el informe del medio cruceño. Este grupo presionó para aprobar una norma para que la firma brasileña, Camargo Correa continúe en el proceso de licitación y se adjudique la construcción del tramo carretero.

“La sanción de esa ley se gestionó con el pago de 60 mil dólares, quiénes conformaban la bancada de los legisladores en el 2005 cuando le hacían la guerra al presidente Carlos Mesa. Estaba conformada por los del MAS, que tenía bancada mayoritaria además de los miembros del MIR, MNR, NFR y UCS”, resaltó Alarcón.

Carlos Mesa envió una nueva carta a la diputada del oficialismo Susana Rivero, en la misiva precisó que en su gestión no se podía ejecutar la licitación porque existía una clausula, donde el gobierno debía cumplir con el 20 por ciento del financiamiento, que no se pudo viabilizar debido a la difícil situación que se encontraba el país.

“El contrato 04/2004 firmado entre el Servicio Nacional de Caminos (SNC) y CC nunca entró en vigencia, pues tenía una cláusula suspensiva que, de no cumplirse, anulaba su aplicación. Nuestro gobierno no pudo cubrir el 20 % de contraparte ni la garantía exigida por Brasil, razón por la que el contrato no entró en vigencia”, detalló.

Mesa resaltó que el contrato que activó la construcción del tramo carretero fue firmado en el gobierno de Rodríguez. La Ley 3187 de 30 de septiembre de 2005, instruyó al Ejecutivo una nueva licitación y un nuevo contrato con un financiamiento distinto. Dicho financiamiento fue otorgado por la CAF en la modalidad de un contrato convencional.

Tras estas aclaraciones, el expresidente reiteró su pedido de investigar a los funcionarios del gobierno de Evo Morales y al mismo presidente. Mientras que la Comisión remitió su informe al pleno de la Asamblea Legislativa para su aprobación y sea enviado al Ministerio Público para que inicie con las investigaciones.