La comisión legislativa que investigó el denominado caso Lava Jato identificó “serios indicios” de responsabilidad que apuntan a la gestión de Carlos Mesa, por sospechosos movimientos económicos de dinero y “viajes” que coincidieron con los CEO’s de Odebrecht y Camargo Correa a Perú y Brasil.
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La comisión solicitó a la Asamblea Legislativa que apruebe su informe y remita los antecedentes del caso ante Ministerio Público para que realice las pesquisas.
Rivero (MAS) explica conclusiones de la investigación. Foto:APG
La comisión legislativa que investigó el denominado caso Lava Jato identificó “serios indicios” de responsabilidad que apuntan a la gestión de Carlos Mesa, por sospechosos movimientos económicos de dinero y “viajes” que coincidieron con los CEO’s de Odebrecht y Camargo Correa a Perú y Brasil.
La comisión estableció que además de Mesa, hay siete exautoridades presuntamente implicadas: un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada; un exministro y dos exviceministros de Mesa; un exministro Eduardo Rodríguez Veltzé y dos exgerentes del otrora Servicio Nacional de Caminos.
Por ello, la comisión, que también identificó responsabilidad en los gobiernos de Goni y Rodríguez Veltzé, solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de su informe y remitir al Ministerio Público los antecedentes del caso.
“Nosotros (la comisión) recomendamos a la Asamblea Legislativa remitan todos estos informes ante el Ministerio Público para que inicie una investigación jurisdiccional y active su cooperación judicial con las autoridades de Brasil y Perú para entrevistar a los pagadores y estos digan en qué instancias operaron”, sostuvo la diputada Susana Rivero, presidenta de la comisión que investigó el caso por cinco meses y 16 días.
Las presuntas irregularidades se dieron en el marco de la suscripción y construcción de los tramos carreteros Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, que recayó en las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht.
Los indicios
El primer indicio -explicó Rivero- está relacionado con el uso similar del modus operandi que se aplicó en Brasil, Perú, México y otros países para los sobornos.
Los fondos eran desembolsados en efectivo dentro o fuera de Brasil “en cheques o maletas en lugares determinados por los beneficiarios o mediante transferencias bancarias”, indicó Rivero, respaldada en las declaraciones que realizó Marcelo Odebrecht, durante el juicio en su contra en Estados Unidos.
El segundo indicio que citó tiene que ver con las coincidencias de viajes. Rivero explicó que en el caso de Mesa, éste viajó a Perú en 16 oportunidades; y a Brasil, en dos, en las mismas fechas que Marco de Moura Wanderley CEO de Camargo Correa.
Asimismo, la diputada señaló que Mesa estuvo en 16 oportunidad en Perú y cuatro en Brasil, en las mismas fechas que Jorge Barata, CEO de Odebrecht. “Ahí hablaban para que les faciliten un decretito y el decretito salía como ellos querían”, agregó.
En mayo pasado, Rivero informó, de forma preliminar, que Mesa viajó, durante el proceso de contratación para la construcción de la carreta Roboré-El Carmen, en 22 oportunidades. (16 a Perú y 6 a Brasil)
El tercer indicio, “que realmente alarma”, según la legisladora del MAS, son los “movimientos inusuales y sospechosos” de dinero. Afirmó que las transacciones que realizaron las exautoridades “no tienen justificación económica ni legal y que están por fuera del salario, de los ingresos extraordinarios por actividad privada, ingresos reportados en impuestos declarados o incluso aportes a las AFP”.
En ese marco, Rivero explicó que en el caso de Mesa -quien levantó su secreto bancario de forma reciente- “hay movimientos inusuales” y debe ser la Fiscalía la que investigue a profundidad esta situación. “Hemos decodificado los movimientos sospechosos del señor Carlos Mesa, porque levantó su secreto bancario, se registró movimientos inusuales o sospechosos de dinero que la instancia competente deberá investigar a que corresponden y de dónde vienen”, afirmó la legisladora.
Según declaraciones de Rivero a radio Panamericana, Mesa tiene 16 cuentas y en ellas hay depósitos de 10.000, 30.000 y hasta 60.000 dólares, que no tienen justificación, por lo que se clasifican como movimientos inusuales.
Al respecto, Alarcón invitó a la comisión y a la sociedad a visitar la Unidad de Investigaciones Financieras para verificar los movimientos bancarios de su defendido en los años en que se desarrollaron los acuerdos para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen. “Revisen las cuentas, hagan la comparación, el cotejo de los movimientos bancarios”, dijo.
Sobre las iniciales CM, quien habría percibido los sobornos, la comisión no logró establecer de quién se trata.
En correos que se enviaron los ejecutivos de la constructora Camargo Correa, mencionan a Bolivia en cuatro mensajes y en ellos se determina el pago de coimas a funcionarios de los gobiernos de Rodríguez Veltzé y Evo Morales, reportó El Deber de Santa Cruz.
Indicios del caso
Modo de operar El primer indicio, según la comisión que investigó el caso Lava Jato, es el “similar esquema y modus operandi” al del resto de los países. La diputada Susana Rivero aseguró que para la construcción de la carretera Roboré-Puerto Suárez, las negociaciones iniciaron en 2003 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero fue en 2004 que -dijo- Carlos Mesa instruyó por Decreto Supremo su construcción y dividió la carretera en dos tramos Roboré - El Carmen y El Carmen - Arroyo Concepción; y luego firmó contratos con Camargo Correa y Odebrecht. “Todo se decidía por decreto”, dijo Rivero.
Viajes Una segunda coincidencia, de acuerdo a la Comisión, son los viajes que realizaron los CEO’s de Camargo Correa (Marcos de Moura Wanderley) y de Odebrecht a (Jorge Henrique Simoes Barata) y el expresidente Carlos Mesa y sus colaboradores a Perú y Brasil, en la misma fecha y lugar entre 2003 y 2009.
Recursos Un tercer indicio son “los movimientos inusuales y sospechosos - transacciones inusuales cuya cuantía, características y periodicidad no guarda relación con la actividad económica de la persona analizada, no responde a las transacciones habituales o no tienen un fundamento económico o legal evidente”, esto según datos de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), concluyó la comisión.
