Ya se pudo constatar en las elecciones judiciales de 2011 que este no era el mecanismo más adecuado para la selección de magistrados en el país. Esta experiencia demostró, por una parte, una alta injerencia política en el proceso de preselección en el seno de la ALP –que justamente se pretendía neutralizar-; por lo que los candidatos no fueron los más idóneos ni los más capaces para optar a dichos cargos; por otra, hubo un desconocimiento generalizado de los candidatos a la hora de ir a votar; y, por último, lejos de mejorar la gestión de la justicia, esta claramente ha empeorado. Varios de los personajes electos fueron objeto de procesos internos y han incurrido en graves faltas. Sin embargo, lo más crítico de dicha elección fue la ausencia de legitimidad de las autoridades electas, pues los votos nulos y blancos se impusieron sobre los válidos. Estos errores ameritaban una seria revisión de los procedimientos, e incluso una reforma parcial a la Constitución; sin embargo, se insistió en repetir en los mismos términos agravados por el reciente fallo. En consecuencia, la cantidad de votos nulos de acuerdo a los resultados preliminares, se ha incrementado respecto a 2011, en algunos lugares junto a los blancos bordean el 70%.

El voto político ha adquirido predominio sobre la elección de autoridades judiciales,  es decir, su carácter plebiscitario. Se ha producido una temprana electoralización de las presidenciales del 2019, al punto que los resultados podrían leerse como una  señal ciudadana de rechazo al último fallo del TCP que claramente vulnera la Constitución y desconoce el voto del referéndum del 21F, -en plena vigencia y cuyos resultados fueron de aplicación inmediata, obligatoria y vinculante.

Estos resultados abren un escenario de desesperanza respecto al destino de la administración de justicia en el país, y de gran incertidumbre política respecto a la vigencia de la democracia en manos de las nuevas autoridades. Por último, pone en una situación crítica al presidente, generando un malestar que ha marcado el debate pre y post elección judicial.