Página Siete Digital / La Paz

La presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga la suscripción de contratos entre el Estado boliviano y las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, Susana Rivero (MAS), informó hoy que tras realizada la investigación del caso se concluyó que el expresidente Carlos Mesa está implicado en presuntos sobornos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

Además del expresidente, figuran como implicadas otras siete personas: dos exviceministros y un ministro  de Mesa; un ministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y un ministro de la gestión del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé. También están involucrados dos exgerentes del Servicio Nacional de Caminos.

“Podemos afirmar que estas son las personas implicadas en la fase de investigación”, aseveró Rivero en conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados.

El informe de la comisión será elevado al pleno de la Asamblea Legislativa y se pedirá que éste sea remitido a la Fiscalía para que inicie una investigación en contra de los implicados. "Vamos a recomendar a la Asamblea que apruebe un informe y remita estos antecedentes al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie una investigación jurisdiccional y active su operación judicial", declaró Rivero. 

Tres indicios

Las conclusiones de la comisión, explicó la diputada, se justifican en tres indicios que fueron hallados en la investigación. La primera de ellas es el modus operandi. Según Rivero, el procedimiento de pagos de coimas era similar al testificado por el propio Marcelo Odebrecht, CEO de la empresa con su mismo apellido que repartió coimas en diferentes países de América Latina y por el cual ya se encuentra preso.

Según Rivero, los pagos confesados por Odebrecht se daban en paquetes o maletas entregadas a los beneficiarios en determinados lugares y se efectivizaban antes y después de la construcción de la obra adjudicada a su empresa.

Indicó que en el caso boliviano, esta presunta irregularidad comenzó en la gestión de Sánchez de Lozada, continuó en el gobierno de Mesa y concluyó en la administración de Rodríguez Veltzé. “En el gobierno de Evo Morales no se tocó ni un centavo el monto contratado, más bien se renegociaron las tasas de interés”, enfatizó.

El segundo indicio son las coincidencias en lugares y fechas entre los implicados en el caso y los ejecutivos de las empresas transnacionales.

El tercer indicio son los “movimientos inusuales y sospechosos” en las cuentas bancarias de los implicados. Rivero mostró el estado de éstas y puso en duda algunas transacciones que, a su criterio, no tenían justificación económica ni legal.

“Hemos identificado los movimientos de Carlos Mesa, ahí tienen, lo que está con color azul son movimientos inusuales de dinero”, dijo Rivero, al momento en que presentaba unos cuadros con los movimientos bancarios del expresidente.

La investigación de la comisión legislativa partió del informe del operativo denominado “Castillo de Arena” realizado por la Policía Federal de Brasil, la Superintendencia Regional de San Pablo y el Ministerio de Justicia de ese país. El informe Castillo de Arena mencionaba 17 veces a Bolivia en la construcción de las carreteras Roboré–El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.

La investigación por el caso Odebrecht en Brasil se inició el año 2004 y las autoridades realizaron 954 órdenes de allanamiento, de los cuales sólo en el denominado “Castillo de Arena” se mencionaba a Bolivia.