Sin querer, el modelo autonómico ha entrado en una encrucijada vital a la que sin embargo se le dan pocas respuestas desde el nivel nacional. No parece que haya habido una estrategia coordinada para llevar el modelo consensuado en la Constitución Política de 2009 al agotamiento precoz, sino más bien parece ser el resultado de las avaricias y ansiedades particulares las que han encontrado rápidamente las costuras.

La intención de modificar la Ley del 45 por ciento llega otra vez a las puertas de la Asamblea Legislativa Departamental empujada por una serie de líderes en las que se mezclan los que huyen hacia adelante y los que buscan un aterrizaje forzoso en la primera línea.

El texto, articulado por los municipios de Entre Ríos, Bermejo y Padcaya, plantea la modificación de la Ley nacional 3038, que otorga el 45 por ciento de las regalías de toda la producción fiscalizada de hidrocarburos en el departamento a la provincia del Gran Chaco. El nuevo texto planteaba originalmente la entrega del 45 por ciento de forma directa a cada municipio productor, mientras que en la última versión ya consensuada entre promotores, campesinos y asambleístas del bloque del MAS que controla el Legislativo, incluye también un porcentaje para los municipios no productores.

Mientras esto pasa, los municipios chaqueños han pasado del rechazo total a la calculadora, pues es sabido que Yacuiba no produce una molécula de gas pero igualmente recibe su 15 por ciento y una nueva organización podría acabar beneficiando a Caraparí y Villa Montes.

Existe un problema central legal y otro político en el tratamiento del tema: el legal es que la Ley es nacional y ninguna Ley Departamental podrá modificar lo dispuesto. El político es que es un pulso entre masistas del Chaco y masistas del resto de provincias y que el propio Evo Morales solicitó no tratar el tema hasta que los proyectos sean exitosos, solicitud a la que nadie le hizo ningún caso.

En cualquier caso, el problema de fondo va mucho más allá de los cálculos coyunturales y trabas procedimentales, sino que, como advertíamos, tiene que ver con el modelo del que nos hemos dotado y que evidentemente requiere ajustes.

Hace ya una década Tarija se planteó una autonomía inclusiva, reconociendo el hecho diferencial e histórico del Chaco en la autonomía regional, algo que no debería tener nada que ver con el hecho mismo del manejo del 45 por ciento de los recursos, sino con una fórmula de convivencia. La lucha por la Autonomía resultó un horizonte departamental, en una tierra donde el campo es simplemente continuidad de la ciudad y viceversa y donde las tradiciones conviven.

La lucha por la autonomía departamental va más allá del mero reparto de platita; se trata de una visión departamental, de un proyecto de continuidad, solidario, donde los recursos lleguen donde más hacen falta desde criterios de igualdad, y no como un simple reparto a partes iguales de una caja que, de ninguna manera, alcanzará para los objetivos.

El Estado más cercano a los ciudadanos son los municipios, y son el Gobierno Central y el Departamental quienes deben apoyar para que los servicios que brindan sean de calidad y acordes a las necesidades. Y son el Gobierno Central y el Departamental quienes deben gestionar los grandes objetivos posicionando un modelo de desarrollo común y complementario.

Ni las subgobernaciones, ni la Ley del 8 por ciento, ni la del 45 por ciento, ni ninguna que ponga por delante el manejo de la plata en lugar de la dotación de recursos para las necesidades solucionará ninguno de los muchos problemas que tenemos. Urge un Pacto Fiscal Nacional y un Pacto Departamental para la gestión de las competencias y su financiación; en ningún caso, cuartear el presupuesto nos hará un departamento más fuerte sino más bien, nos convertirá en pequeñas y pobres administraciones desunidas a merced de cualquier interés político o económico.