El Gobierno boliviano a través de la ministra de Planificación, Mariana Prado dijo desconocer el informe regional, pero aseguró que hay mecanismos para hacer denuncias a las empresas chinas que incumplen las normas nacionales.

La evaluación corresponde al tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará en Ginebra ante los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) considera al EPU una oportunidad para que China demuestre su compromiso con la gobernanza global y desarrolle mecanismos de debida diligencia en materia de derechos humanos y le exige al gran asiático cumpla sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, medioambiente y otros.

A través del EPU la sociedad civil pide al gobierno chino rinda cuentas de los efectos de sus inversiones y de las acciones de sus empresas en el extranjero, acción que resulta necesaria ante la visible penetración de las inversiones chinas en territorios latinoamericanos que han producido impactos en los derechos humanos.

El CICDHA elevó ante la ONU el informe regional alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, suscrito por 21 organizaciones de la sociedad civil.

El CICDHA está integrado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES (Ecuador), el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib-Bolivia), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina), Proteja Amazonía (Brasil) y CooperAción (Perú).

El Colectivo observa con preocupación la participación de compañías de origen chino en el desarrollo de proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura que no cuentan con mecanismos de debida diligencia que garanticen los DDHH de las comunidades impactadas.

Con el propósito de hacer visible este fenómeno, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú desarrollaron ocho informes; uno de la región y siete nacionales que examinan 18 proyectos apoyados por consorcios y seis bancos chinos, de los cuales siete pertenecen a la industria minera, seis a la industria petrolera y cinco al sector hidroeléctrico.

Bajo el título: Incumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de la República Popular de China sobre los derechos de los pueblos indígenas Tacana y Toromona por la empresa National Petroleum Corporation (CNPC), el Cedib y la Central de Comunidades Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (CITRMD) elaboraron el informe inmerso en el documento regional del CICDHA sobre lo que significó la incursión de la china BGP al Bloque Nueva Esperanza, con actividades de exploración sísmica.

Como consecuencia de la estrecha relación entre la República Popular de China y Bolivia, en abril de 2015, recordó el investigador del Cedib, Marco Antonio Gandarillas, la petrolera estatal YPFB firmó contrato de exploración sísmica 2D de hidrocarburos en el Bloque petrolero Nueva Esperanza, ubicado en la cuenca del Río Madre de Dios, al norte del departamento de La Paz. Dicho contrato se celebró con la asociación accidental BGP, filial de la petrolera CNPC, por un monto de $us 57 millones.

El contacto forzoso de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) es considerado una violación grave de derechos humanos, por el alto estado de vulnerabilidad en el que se encuentran.