La Fiscalía citó hoy al alcalde José María Leyes por las presuntas irregularidades en la compra de cámaras a Huawei por más de 60 millones de bolivianos. En tanto, otros testigos señalan al exsecretario de Finanzas, Diego Moreno, como responsable de los traspasos presupuestarios para hacer esa compra.

Leyes debe presentar su declaración a las 9:00 en la Fiscalía Anticorrupción. Su defensa ve con preocupación esta convocatoria,porque existe la posibilidad de que su defendido pueda ser aprehendido, pues cree que es el objetivo de los procesos en su contra.

Uno de los abogados del alcalde, Humberto Trigo, indicó que la declaración debería suspenderse hasta que el juez Anticorrupción resuelva el recurso de incompetencia que presentaron; caso contrario, los testimonios tomados hasta ahora, incluido el del Alcalde, pueden ser invalidados.

Cuando se conoció la denuncia, los abogados presentaron un recurso para que el juez declare que no tiene competencia porque consideran que las presuntas irregularidades deberían investigarse, primero, a través de una auditoría. La defensa considera que recién a partir de estos resultados se pueden iniciar las acciones legales, si se establecen responsabilidades.

Ante la falta de una respuesta, la defensa del Alcalde solicitó una audiencia de acción de libertad para que se trate este recurso.

La jueza determinó que el juez Anticorrupción sea quien se pronuncie. Esta audiencia derivó en la suspensión de la primera declaración del Alcalde, pues ambas fueron el mismo día y con una hora de diferencia.

Mientras tanto los investigadores del caso estuvieron tomando declaraciones a varios funcionarios y denunciados. Una de ellas, la directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Velka Krellac.

La funcionaria aseguró que si bien su secretaría fue la unidad solicitante no conocía sobre los recursos asignados. “La parte presupuestaria está a cargo de Planificación y Finanzas. No corresponde a los solicitantes”, manifestó.

VEN SOBREPRECIO Y  DIVISIÓN DE CONTRATO

El proyecto “Cochabamba ciudad segura, ciudad inteligente” demandó un costo de 107 millones de bolivianos que se dividieron en tres contratos. Esta es una de las irregularidades que se detectaron en el marco de este programa.

Además, se conoció que la Alcaldía quitó recursos de obras sociales y proyectos ambientales para pagar las cámaras. Se identificaron 110 transferencias en 2016 y 120 en 2017  bajo decretos ediles que dejaron sin recursos a proyectos de desarrollo humano y acciones de mitigación de la contaminación que vive la ciudad.