La comprensión de lo democrático no tiene en Bolivia un consenso total que coincida con su raíz surgida del occidente liberal de hace 200 años y del occidente greco-latino. La construcción democrática carece en Bolivia de una tradición profunda y es, por tanto, una experiencia en pleno proceso de construcción, amenazada hoy, cuando nos acercamos a las cuatro décadas de haberla inaugurado.

Si asumimos el hecho de que la tradición histórica nacional en el mediano y en el largo plazos, no está marcada por el signo democrático, ni tampoco por la estabilidad, y sí, por el contrario, por la violencia como método para generar o resolver las crisis, comprenderemos en su exacta dimensión el esfuerzo colectivo por construir y asumir voluntariamente el sistema democrático que fue fundado sobre la sangre de muchos bolivianos y que se fundó, realmente por primera vez, en 1982.

Para cimentar esa apertura, se transitaron caminos no necesariamente ortodoxos. Más aún, cuando determinadas situaciones sólo parecían sugerir la solución por el desastre, se practicaron métodos que no traicionaron el espíritu de la Ley de leyes. Baste recordar la instalación en octubre de 1982 del Congreso elegido en 1980 (más de dos años después de su elección) que fue el camino para la recuperación de la legitimidad democrática. Cabe subrayar la decisión del presidente Siles de acortar un año su mandato constitucional para evitar una debacle política y económica que había debilitado gravemente su gobierno. No menos significativos fueron los momentos de máxima turbulencia después del periodo 1985-2000, que se iniciaron con la llamada guerra del agua en 2000, la graves crisis de 2003 con su secuela de violencia, la sucesión constitucional aplicada en ese año que recuperó la paz y estableció las bases de una democracia participativa a partir de la reforma constitucional de 2004, y el ciclo de transición que se cerró tras una crisis de gobernabilidad en 2005 y su resolución respetando el orden democrático.

Pareció abrirse entonces (2006) un nuevo momento dentro del gran ciclo democrático, con la propuesta que se denominaría en 2009 del Estado Plurinacional. Un “proceso de cambio democrático y cultural”. El camino trazado, complejo, contradictorio y arriesgado, llevó al país a una polarización que contradijo la idea básica de la construcción de una nación plural y diversa fundada en la inclusión y la igualdad. Lo simbólico se comió a lo real. El discurso pudo más que los hechos. Más allá de la larga consideración en torno a las peculiaridades económicas externas que cimentaron 12 años de mando y de aplicación de una receta muy adornada en lo externo, pero descarnada e implacable en lo interno, la conclusión más evidente es que el proyecto democrático primigenio fue traicionado en su esencia, en tanto ni el diálogo, ni la pluralidad de ideas, ni el respeto al disenso, ni la aceptación del otro como un interlocutor imprescindible para el tejido social, fueron aspectos centrales de la ejecución de ese horizonte “soñado” tras la elección de Evo Morales.

Lo que de hecho está ahora en juego es la democracia misma, no en tanto abstracción teórica de académicos, sino en tanto modelo de vida, aquel por el que apostamos al despuntar los años ochenta.

En el camino democrático esas tareas se pueden resumir del siguiente modo: se hace indispensable una transformación de la institucionalidad republicana, no para inventar una nueva, sino para hacer realidad de verdad su funcionamiento pleno, especialmente en el ámbito de una justicia carcomida desde sus cimientos. Se debe iniciar un proceso verdadero de autonomías departamentales y regionales que responda al mandato de la Constitución y no al desembozado centralismo del actual gobierno. Es indispensable la reformulación del rol de los partidos políticos, tanto en su función de mediadores con el poder del Estado como en su propia estructura interna, que no responde a los requerimientos del momento histórico que vivimos. Es indispensable evaluar en qué medida nuestra democracia refleja o no la experiencia histórico-política del pueblo boliviano, tomando en cuenta los aspectos del funcionamiento institucional y político de la sociedad plural que conforma la nación.

Por supuesto hay importantísimas tareas en lo económico y social, que se deberán desarrollar en un proyecto histórico de futuro que debe contemplarse antes de octubre de 2019, pero retomar las banderas democráticas de octubre de 1982, es una primera prioridad.