Las autoridades en función de gobierno insisten en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene que interpretar la Constitución Política del Estado (CPE), lo que tiene que hacer es aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita al Presidente y al Vicepresidente para su postulación en las elecciones presidenciales, por cuarta vez, en octubre de 2019.

El vicepresidente Álvaro García Linera instruyó al TSE: “No dude, usted no puede dudar porque usted no interpreta, usted simplemente ejecuta lo que dice un órgano superior en el ámbito constitucional”. Una actitud autoritaria al pretender desconocer la Carta Magna y los resultados del 21F, donde la mayoría del pueblo boliviano dijo que no se modifica el artículo 168 de la CPE que señala que el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.

En la misma perspectiva se orienta la opinión de Milton Barón, presidente de la Cámara de Senadores que afirma: “No existe posibilidad alguna de que el TSE pueda revisar una sentencia constitucional. De acuerdo al artículo 203 de la Constitución Política del Estado las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son de carácter vinculante para todos los órganos del Estado y los ciudadanos. En tal virtud, en este tema nada tiene que hacer e interpretar el órgano electoral”.

Lo que no dice Barón es que el Tribunal Constitucional Plurinacional –cesado en funciones– no tenía la competencia para habilitar al Presidente y Vicepresidente para una cuarta reelección, esa sentencia es inconstitucional, además, desconoce el voto del soberano, que dijeron respetar aun si fuera un voto de diferencia. Al contrario, el artículo 196 expresa que el TCP “vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.

Opiniones de esta naturaleza viniendo de las autoridades de gobierno profundizan más la rabia y la bronca en la ciudadanía, que en una mayoría –no solo la oposición y las plataformas ciudadanas– está decidida a hacer respetar lo que manda la Constitución Política del Estado y el voto del soberano en el referéndum del 21F. Los comités cívicos del país han anunciado una huelga general indefinida a partir del 6 de diciembre en espera de la habilitación de candidatos para las primarias, donde el Tribunal Supremo Electoral deberá decidir si admite o no a Evo Morales y Álvaro García como candidatos del MAS.

De admitirse la candidatura de Morales y García Linera, el TSE, “responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados” estará violentado la Constitución para dar paso al caos y las acciones de protesta de quienes piensan y sienten que se debe respetar la normativa. Decir que no se modificó el artículo 168, “que se mantiene inalterable” es otra trampa verbal para imponer la angurria de poder que tiene el MAS para quedarse indefinidamente en el gobierno.

De rechazarse la candidatura del MAS que insiste en aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, el país estará igual convulsionado por los movimientos sociales, militantes, diputados y senadores que asumirán actitudes de fuerza, para hacer prevalecer lo que responde a sus intereses, dejando de lado el criterio de la mayoría, que respalda la sucesión de las autoridades como se da en cualquier democracia en el mundo.

Es de esperar que oficialismo y oposición, respondan a las expectativas que tiene la mayoría de la ciudadanía boliviana, dejar de lado la obsesión por el poder y respetar la Constitución, el 21F y la democracia representativa.