Nada más sano para una democracia en peligro de extinción que el activismo de las plataformas ciudadanas. Es una pena que la Ley de Organizaciones Políticas junto a la manipulación del órgano electoral haya desvirtuado el principal objetivo de estas plataformas que fue la defensa del 21F.

Este obligado adiós al 21F no quiere decir que las plataformas ciudadanas ya no tengan objetivos importantes que cumplir. Todo lo contrario. Un objetivo todavía más importante que la defensa del 21F es la instalación, a nivel nacional, de un sistema independiente de cómputo electoral.

La nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en su primera conferencia de prensa, evadió la pregunta de los periodistas sobre si este órgano aprobará la repostulación del binomio oficialista. La pregunta fue respondida por el flamante Vicepresidente quien dijo escueta, pero claramente, que lo único que hará la sala plena del TSE es aplicar los requisitos para postularse a los cargos de Presidente y Vicepresidente. Este extremo formalismo no es digno de un cuarto poder del estado, pero sirve para salvaguardar la escasa reputación de los vocales y mantenerlos fuera de la cárcel.

Poco antes de esta conferencia de prensa la nueva directiva del TSE rechazó la impugnación que presentó un partido político al artículo 40 del Reglamento de las Elecciones Primarias. Este artículo dispone que los únicos que pueden impugnar candidaturas son los militantes del partido de los candidatos impugnados. Esto equivale a que un jugador de un equipo de fútbol solamente puede denunciar las faltas cometidas por los miembros de su propio equipo, y jamás las faltas del equipo contrario. Nadie más que un masista puede impugnar al binomio oficialista.

Todo esto indica que las presiones políticas del oficialismo y sus múltiples argucias leguleyescas conseguirán fácilmente que una mayoría de la sala plena del TSE apruebe la repostulación del binomio Evo-Álvaro. De poco servirán para evitarlo las concentraciones previstas por los comités cívicos o las manifestaciones promovidas por las plataformas ciudadanas a favor del 21F. Cuando este hecho, oprobioso pero brutalmente claro, se entienda en toda su repelente dimensión, la atención de las plataformas ciudadanas, de los comités cívicos, de los partidos políticos y de la ciudadanía se volcará a la defensa del recuento de votos.

Los partidos y candidatos que se han lanzado alegremente a las elecciones primarias y generales no parecen darse cuenta de que un órgano electoral capaz de admitir repostulaciones absolutamente inconstitucionales e ilegítimas no tendrá el más mínimo empacho en manipular el recuento electoral para garantizar el triunfo de los cínicos repostulantes.

La gente de a pie se pregunta si es mejor presentar candidaturas que legitimen la repostulación del binomio oficial o bien abstenerse de votar y regalar al oficialismo un triunfo aplastante. La mayoría de los partidos y jefes opositores han decidido que no hay que ceder el espacio electoral al oficialismo, con lo cual le ponen un clavo más al féretro del 21F. Por otra parte muchos votantes desilusionados han decidido abstenerse, sin darse cuenta de que si lo hacen le regalarán casi el 100% del voto válido al oficialismo.

Unos operan bajo la ilusión de que el recuento de votos será transparente y confiable y que el oficialismo se resignará a perder y entregará el poder como sucede en los países civilizados. Los otros se imaginan que una condena ética develará la comprobada impostura de los repostulantes truchos y que de esa manera enmendarán su comportamiento.

Por suerte existe una tercera vía para eludir este dilema. La salida consiste en organizar un recuento independiente del voto ciudadano. De ese modo las candidaturas de la oposición no serán meros saludos a la bandera. Además esta acción tendrá resultados mucho más efectivos que una mera condena ética.

Un recuento electoral independiente es posible mientras el Gobierno no modifique las disposiciones de la Ley Electoral según las cuales el único recuento válido es el que se registra en un pedazo de papel llamado acta electoral. Esta acta es firmada por delegados de los partidos en presencia de los medios de comunicación y de todos los votantes interesados en fiscalizar el recuento electoral.

La fotografía mediante teléfonos celulares de miles de actas electorales y su envío por Whatsapp a centros de cómputo independientes permite un recuento rápido, independiente y confiable de la votación tanto a nivel departamental como nacional. En cada una de casi cuarenta mil mesas se tendrán que apostar personas dispuestas a sacar una foto del acta electoral y enviar esas fotos a centros de cómputo manejados por plataformas ciudadanas.

Si el órgano electoral decide prohibir el uso de celulares en los recintos electorales entonces habrá puesto en evidencia su total sumisión al oficialismo y su intención de manipular el recuento de la votación. Si el Gobierno obliga a la Asamblea Plurinacional a enmendar la Ley Electoral para eliminar las actas de recuento en mesa, el binomio Evo-Álvaro quedará desnudado de la legitimidad democrática que tanto le urge obtener mediante unas elecciones amañadas.

Los candidatos del oficialismo solamente pueden ganar mediante un cómputo electoral fraudulento. Si las elecciones del año próximo fueran limpias y transparentes, el binomio Evo-Álvaro saldría perdiendo como en la guerra. Si no consigue cubrir sus trampas con el taparrabo electoral el Gobierno tendrá que acudir a la fuerza bruta.

Las medidas extremas funcionan por largo tiempo en países como Nicaragua o Venezuela. En Bolivia esas medidas terminan en el mejor de los casos con presidentes que escapan en helicópteros y en el peor con presidentes colgados de los faroles de la plaza.