Las irregularidades favorecieron a Jaime Paz Zamora, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que acuñó el ‘triple empate’ para negociar de igual a igual con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), y al final “cruzar los ríos de sangre” y aliarse con el exdictador Hugo Banzer, conformar el Acuerdo Patriótico con ADN y gobernar el período 1989-1993.

La ‘banda de los cuatro’ estaba integrada por el presidente de la entonces Corte Nacional Electoral (CNE), Mauro Cuéllar Caballero, y los vocales Jorge Torrico y Edmundo Aráoz, todos de ADN, y Róger Pando, del MIR. Los otros tres eran del MNR.

“Este fraude, orquestado por cuatro de los siete vocales, provocó un profundo malestar en la sociedad. La molestia se dirigió contra la inseguridad que daba un sistema electoral dominado por los partidos, jugadores y a la vez árbitros de la competencia”, expresa Salvador Romero Ballivián en su libro Medio siglo de historia del organismo electoral de Bolivia.

‘La banda de los 4’, en acción

La ley electoral de esa época (1989) establecía el recuento de votos de todo el país en La Paz y permitía la anulación de mesas.
En ese marco, los tres vocales adenistas y el mirista efectuaron, según la prensa de ese año, “una masiva anulación de votos en las regiones donde habían perdido”, como en Oruro, donde ganó el MNR, que tenía como candidato a Gonzalo Sánchez de Lozada.

Además, al distribuir escaños perjudicaron a partidos pequeños como el Partido Socialista 1 (PS-1), de Róger Cortez Hurtado, al arrebatarle una diputación, y otra al Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL), de Víctor Hugo Cárdenas.

Ambos dirigentes se declararon en huelga de hambre en instalaciones del Congreso Nacional. Cortez demandó que los cuatro vocales sean juzgados “por haber alterado los resultados de las elecciones nacionales”.

Esos años era habitual que los partidos como MNR, ADN y MIR se distribuyan las vocalías a escala nacional y departamental, y quienes asumían esos cargos favorecían a sus respectivos partidos durante los comicios.

“La elección de 1989 dejó un sabor amargo y planteó la necesidad de generar cambios importantes para evitar la repetición de situaciones como aquélla. Entre 1991  y 1992, en el gobierno de Jaime Paz, el oficialismo y la oposición acordaron una ambiciosa agenda de reformas políticas que contemplaban, entre otros aspectos, modificar la Constitución, aprobar una ley de partidos para institucionalizar el sistema partidario, iniciar una reforma educativa y organizar una CNE auténticamente imparcial e independiente”, refiere Romero Ballivián.

Además, resalta en su obra que “de ser en sus orígenes una institución sin existencia permanente, con responsabilidades limitadas, al servicio del oficialismo, partícipe activa o pasiva del fraude a favor de los candidatos gubernamentales, pasó a ser, desde principios de la década de 1990, uno de los organismos con mayores niveles de confianza ciudadana, en actividad sostenida, con atribuciones cada vez más amplias y garante de las elecciones libres y justas”.

La CNE y los ‘notables’

A raíz de la acción de ‘la banda de los cuatro’, y en el marco de la democracia pactada, el MIR, MNR, ADN, MBL y Condepa acordaron posesionar una Corte Nacional Electoral alejada del manipuleo político.

De esa manera invitaron a personalidades como Alcira Espinoza, Huáscar Cajías, Jorge Lazarte, Iván Guzmán de Rojas y Rolando Costa Arduz, considerados ‘notables’, para que asuman la dirección del máximo tribunal electoral del país.

Así, la CNE fue refundada en 1991, con la elección de personas sin militancia política. Los cinco profesionales aceptaron ser vocales con la condición de que las organizaciones políticas les garanticen total independencia en sus funciones, a fin de recuperar la credibilidad ciudadana.

Entre las medidas que adoptaron estuvo no ampliar el plazo de registro en el padrón electoral, que en los anteriores procesos se extendía sin ninguna dificultad.

También emitieron resoluciones que hicieron cumplir, como la que prohibía realizar ofertas económicas en campaña. Por incurrir en esa falta, Gonzalo Sánchez de Lozada, candidato del MNR, fue sancionado porque prometió resolver el problema de los estafados por la financiera Finsa si lo apoyaban.

Asimismo, la CNE estableció que los partidos transparenten el manejo de sus recursos económicos, mediante auditorías, y cumplan con las disposiciones de sus estatutos internos.

De las cinco exautoridades electorales sólo el politólogo Jorge Lazarte decidió incursionar en la política y lo hizo al habilitarse como constituyente por Unidad Nacional (UN) y participar en la redacción de la nueva Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero de 2009.

Pugnas internas provocaron las renuncias en 2015

Las dos dimisiones registradas este mes en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tienen punto de comparación con lo sucedido en 2015. Aunque la oposición intentó calificar lo sucedido como crisis, la sala plena puede sesionar con el quórum correspondiente y elegir una nueva directiva, y lo hará el 29 de octubre.

José Luis Exeni Rodríguez renunció por “motivos de salud” el 1 de octubre y Katia Uriona Gamarra lo hizo el 22, por el “estancamiento en la toma de decisiones”.

Hace más de tres años, la ronda de renuncias la inició la presidenta del TSE, Wilma Velasco, el lunes 25 de mayo de 2015; el martes lo hizo Ramiro Paredes, el miércoles el vicepresidente Wilfredo Ovando, el jueves Marco Ayala, Fanny Rivas y Dina Chuquimia, y el viernes dimitió Irineo Zuna.

La tardanza en la entrega del cómputo, errores y retractaciones en la publicación de los resultados (en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija) de las elecciones de 2014, cuestionamientos por llamar “Estado Plurinominal” a Bolivia en la papeleta, y problemas en las subnacionales 2015, así como líos de algunos vocales (Paredes y Chuquimia), derivaron en la renuncia colectiva.

Juan Carlos Pinto, exdirector del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependiente del TSE, atribuye la renuncia de los siete vocales del anterior tribunal a la existencia de “pugnas de poder interno y personal, sobre una tarea estratégica que jamás fue entendida (...) se concentraron en lidiar por espacios de poder personal, dejando de lado sus responsabilidades fundamentales; fue una situación que terminó en debacle por la incapacidad para poder afrontar las tareas”.

“La oposición aspira políticamente a que exista una crisis”

“La oposición quisiera ver una crisis, aspira políticamente a que exista una crisis y van a hacer todo lo posible para ver una división creada por una mirada ideologizada entre ‘institucionalistas’ y ‘masistas’”, opinó Juan Carlos Pinto, exdirector del Sifde, dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El sociólogo recordó que cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió a los seis vocales, en 2015, para la oposición “todos eran masistas y ahora resulta que también hay institucionalistas; se adecuan según la situación para generar un discurso político de crisis, les interesa descalificar plenamente al Órgano Electoral para patear el tablero y las condiciones del proceso electoral de 2019”.

Hoy, según Pinto, hay un tribunal que “concentró toda su tarea en la democracia representativa, en garantizar las condiciones del voto, no así en el tema de la democracia intercultural, que es una de las tareas fundamentales que le asigna la Constitución Política del Estado y las leyes electorales”.

Considera que algunas personas que han sido elegidas no han asumido el reto histórico de tomar las determinaciones, “en esa perspectiva prefieren abandonar este nivel de decisión y dejar esta situación en manos de los que quedan”.

Para el analista político Hugo Siles Núñez del Prado, los precandidatos a las primarias Jaime Paz Zamora, Víctor Hugo Cárdenas y Carlos Mesa “no tienen moral para criticar porque participaban en la designación de autoridades, incluso en consulta con potencias extranjeras (embajada de Estados Unidos)”.

Siles afirma que no hay urgencia para que se llenen las acefalías en el TSE; sin embargo, con carácter de previsión y porque es su competencia, la Asamblea Legislativa puede tomar esa decisión y dar viabilidad a la designación de nuevos vocales y de esa manera completar los espacios en el máximo tribunal electoral del país.