Para la autoridad es difícil porque se pasa de un modelo centralista de más de 180 años a implementar, en 10 años, una nueva ruta con la vigencia de estrategias distintas al modelo departamental y municipal.
Las autonomías indígenas, por ejemplo, “nos señalan que las normativas deben adecuarse a nuevos contextos que no se resuelven de inmediato”.
La Ley Marco de Autonomías, vigente desde 2010, estableció un plazo de 360 días para la elaboración de un estatuto o carta orgánica, y excepcionalmente una ampliación de 360 días más. “Pero transcurrieron 10 años y la mayoría no cuenta con carta orgánica. Los que se animaron tropezaron con intereses políticos, los referendos fueron convertidos en plebiscitos, cuando no se trataba de eso, sino de aprobar el estatuto o carta orgánica”, sostuvo.
En todo caso, Vargas destaca el esfuerzo de la ciudadanía para construir una cultura autonómica que recién se está adquiriendo y también de asumir que en Bolivia “nos hemos cargado sobre las espaldas una transformación institucional de grandes dimensiones”.
En ese marco, el modelo autonómico que se lleva adelante tiene que ver con que en el país se tienen cinco niveles de gobierno: nacional, departamental, municipal, regional y autonomías indígenas. Cuatro tipos de autonomías departamental, municipal, regional e indígenas, y cuatro tipos de competencias. 
PROCESO GRADUAL
Hay toda una arquitectura muy compleja para el sistema institucional y administrativo del modelo autonómico que está siendo asimilado por los actores políticos y por la propia ciudadanía.
El viceministro Vargas reconoce que el proceso de implementación de las autonomías es gradual, que no se logra de la noche a la mañana y que la propia población está dando los ritmos.
“La ley no la hemos impuesto como cabeza de sector, no podíamos decirles que en 360 días terminan la carta orgánica, la población asume cómo impulsa y desarrolla ese proceso”, sostuvo.
Mencionó que, por ejemplo, en España, su modelo autonómico les llevó más de 30 años, lo cual no quiere decir que el proceso está cerrado, sino que se le hacen ajustes.
“Mi conclusión es que en el marco de las transformaciones estructurales en el Estado, creo que en 10 años el modelo autonómico adquirió mayoría de edad en términos de que las gobernaciones, municipios y autonomías indígenas están haciendo gestión pública en el marco de su autonomía”.
Sin embargo, lo que está faltando es construir su institucionalidad, que significa normas, cartas orgánicas, leyes departamentales, municipales y el nivel central tener una Ley de Gestión Pública que controle la administración a partir de las autonomías.
En esa dirección se necesitan leyes que tengan un carácter más intercultural, de acuerdo con el Estado Plurinacional, y eso significa nuevos modelos de gestión pública en manos de las autonomías indígenas.
Vargas considera que falta una cultura autonómica. Recordó que en 2012, en un evento en Cochabamba, más de 300 personas reclamaban por el excesivo centralismo del Estado, que se debía implementar el modelo autonómico, y preguntaban qué hace el Ministerio de Autonomías que no envía por lo menos un técnico para que ayude a redactar la carta orgánica.
Hace tres años una movilización potosina llegó a La Paz para reclamar al Estado, cuando la mitad de los puntos le correspondía atender a la Gobernación y a la Alcaldía.
En medio de esa situación ocurre que los contenidos de las cartas orgánicas (estatutos autonómicos) se politizaron, cuando les permite organizarse mejor, viendo las características culturales y territoriales del municipio.
“Más que la población, se enquistan intereses de tipo político, partidos que tratan de obstaculizar e impiden la aprobación de la carta orgánica. Se invierten recursos públicos y se los reprueba”, explicó.
Es lo que ocurrió por ejemplo en La Paz, donde la oposición votó abiertamente contra el estatuto departamental de La Paz, cuando esta norma, al igual que la carta orgánica, es como una Constitución.
DIAGNÓSTICO
Evaluar el impacto de las cartas y estatutos vigentes en sus jurisdicciones es complicado.
“En la medida en que una mayor cantidad de municipios tengan su carta orgánica aprobada se evaluará y ver si mejoró su gestión”, aseveró.
En todo caso, su vigencia tiende a modular de mejor manera la aplicación de sus competencias, a generar espacios de planificación para la gestión pública y criterios de distribución de recursos públicos a partir de una organización territorial más adecuada.
Este 25 de noviembre, cinco municipios irán a referendo para la aprobación de sus cartas orgánicas, y Vargas espera que se aprueben, ya que “ahora hay más interés y un ambiente menos tensionado”.
PUEBLOS INDÍGENAS
La situación es parecida en los pueblos indígenas. En Totora Marka fueron a referendo y no se aprobó. Cuando se elaboró el estatuto autonómico, el alcalde era del MAS-IPSP, pero no apoyó, y la alcaldesa que lo sustituyó, que era de otro frente político, tampoco, además estaban en abierta oposición algunos mallkus.
Vargas contó que un periodista extranjero le preguntó por qué se oponen a la autonomía indígena, y le dijo que el Estado republicano, desde que se fundó, de manera permanente se esforzó por eliminar todo vestigio del modelo comunitario, la misma Iglesia, el sistema educativo.
El libertador Simón Bolívar antes de la Constitución sacó tres decretos, el primero que anula toda relación económica que no sea retribuida en moneda, sin entender que en el modelo comunitario hay mecanismos de intercambio donde no interviene la moneda, sino el trueque.
El segundo decreto desconocía a las autoridades de los pueblos indígenas y el tercero eliminaba el modelo de la propiedad comunitaria de la tierra.
Hay grupos que se beneficiaron del Estado o de las ONG en detrimento del modelo comunitario.
“Segmentos indígenas se oponen a la autonomía indígena porque algunas familias y líderes ven en el modelo comunitario un riesgo para sus privilegios personales, por lo que no quieren subordinarse al modelo comunitario, que recrea un conjunto de instituciones que regulan un nivel económico horizontal. Son alcaldes, concejales los que se oponen porque revitaliza el modelo comunitario”, afirmó.
 

El Pacto Fiscal tiene el reto de generar alternativas de financiamiento

El Pacto Fiscal no pasa por la modificación de la distribución de los recursos de coparticipación tributaria, como plantean las gobernaciones de Santa Cruz, La Paz y Tarija, sino en la generación de otros ingresos y en el buen uso de éstos.
El Consejo Nacional de Autonomías, reunido en marzo, coincidió en que no es prudente tocar estos recursos, sino más bien generar nuevas fuentes, y los 22 temas propuestos, sin contar el 18, que tiene que ver con la coparticipación, se deben activar.
El viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas Rivas, informó que el Ministerio de Economía explicó en detalle los motivos por los cuales no se pueden modificar los recursos de coparticipación.
Según Vargas, se identificó y consensuó la inviabilidad de las propuestas relacionadas con la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria debido a la importancia de los sectores que son financiados (educación, salud, seguridad ciudadana y rentas) con esa fuente y su inflexibilidad a la baja.
“Además, no asistieron para decir la propuesta que tienen para modificar la coparticipación tributaria. Entendemos que su inasistencia no es la ruta que tiene que ver con el diálogo, tampoco la necesidad de generar nuevos recursos y dar un mejor uso a los recursos públicos”, aseveró.
El Consejo Nacional de Autonomías volvió a reunirse en septiembre y se prevé que la siguiente reunión sea en febrero o marzo de 2019, ya que en enero se vienen las elecciones primarias y “todo tiene tiempos políticos”.
Los 22 puntos de consenso y dos de disenso que se trabajaron en tres mesas sectoriales tienen que ver con minería, seguridad ciudadana y gestión pública, en tanto que las 10 mesas técnicas comprenden el sistema tributario, empresas públicas, caminos, autonomías indígenas, donación y deuda, planificación integral del Estado, transporte, disminución de brechas de desigualdad, gastos corrientes y de funcionamiento, y administración y control gubernamental.
La reunión técnica del Pacto Fiscal, efectuada el 7 de septiembre, envió al Consejo Nacional de Autonomías un informe de los avances logrados y de una propuesta a desarrollarse en adelante.
La autoridad informó que el Ministerio de Economía elaboró una propuesta de Ley de Gestión Pública y que se sostendrá una reunión con el Ministerio de Planificación para tratar temas del sistema integral del Estado, empresas públicas y organizaciones económicas comunitarias.
Con el Ministerio de Gobierno se establecerá una ruta de trabajo en temas de seguridad ciudadana y transporte, después con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, así como con el de Medio Ambiente y Agua, y de Salud.
“Nos hemos propuesto realizar en noviembre las reuniones con los ministerios para activar los consejos sectoriales de coordinación”, manifestó.
También se encomendó a la Secretaría Técnica que comanda el Viceministerio de Autonomías que se realice el monitoreo de los temas para definir una agenda temática más concreta y una metodología de trabajo con fechas para que las mesas que emergieron del diálogo del Pacto Fiscal comiencen a trabajar.
En el Consejo Nacional de Autonomías participan las nueve gobernaciones, cinco representantes del sistema asociativo municipal, cinco de autonomías indígenas y uno de la experiencia regional.
Los que mantienen distancia con el Consejo son las gobernaciones de Santa Cruz, La Paz y Tarija por la coparticipación tributaria.