Las últimas acciones que forman parte de la violación a la autonomía según las autoridades, es la pretensión de implementar un Seguro Universal de Salud (SUS) con recursos departamentales y municipales autónomos, la tramitación del fondo para el bono a la Discapacidad – también extraídos de los recursos autónomos – y la administración centralista de los recursos adicionales, que ocasionaron el último paro cívico.

La autonomía fue incluida en la Constitución Política del Estado (CPE) a partir de la lucha de las regiones autonómicas -la media luna- y a consecuencia de movilizaciones cívicas y civiles que lograron que esta conquista se plasme en la Carta Magna. A su vez, generó una crisis política que tensionó el escenario social y regional. Desde un inicio, la autonomía no fue una condición generada por el Gobierno Nacional, sino de la propia población.

La CPE establece el marco institucional para poner en vigencia la autonomía departamental y municipal. Sin embargo, este proceso fue complejizado cuando se incorpora la autonomía regional, tal como funciona el Chaco. A pesar de los vacíos legales, la CPE fue la norma que regía los procesos autonómicos y como elemento principal se encuentra la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Esta ley es la que intenta, mediante varias disposiciones, el control central de las autonomías departamentales y municipales según el asambleísta, Mauricio Lea Plaza. “Esta ley lo que ha hecho es socavar el concepto de autodeterminación que tienen las autonomías regulando temas como si fueran de competencia nacional”, manifestó.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización fue el primer atentado a la autonomía porque tiene disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales como la suspensión de autoridades electas. Por otro lado, paralelo al proceso autonómico se debió trabajar en el marco de un pacto fiscal nacional, pero hasta ahora no se concretó y significa un limitante.
A esto, se suma un conjunto de actos de administración central y normas nacionales de recursos departamentales que sobrepasan y vulneran el régimen autonómico. El concejal, Alfonso Lema, señaló que son varias las disposiciones nacionales que asignan responsabilidades a los niveles autonómicos sin otorgar recursos.

Antes de distribuir los recursos del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), el Gobierno aplica la Ley de Incentivos que dirige el 12 por ciento de recursos al Fondo de Exploración y Explotación Petrolera. A partir de este primer recorte se hace la distribución. De este total se destina el 30 por ciento para la renta dignidad, el 0,2 por ciento para el Fondo Cívico Patriótico- de manera automática estos recursos son dirigidos a las arcas nacionales- y un 10 por ciento a proyectos de seguridad ciudadana.

Por otro lado, se encuentran las leyes financiales que asignan recursos departamentales para responsabilidades nacionales, como el Fondo de Vacunación para los trabajadores en salud; los recursos destinados al pago de oficinas como la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB) y el observatorio de Santa Ana, y los ítems de salud y educación que no son asumidos por el Estado.

Nadie volvió a hablar sobre los recursos adicionales

Las instituciones y organizaciones que paralizaron y bloquearon las calles de Tarija invitaron al Gobierno Nacional a participar de una reunión para revertir la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, que dispuso de los recursos adicionales de la renta petrolera para los proyectos concurrentes entre la Gobernación y el Gobierno, pero no hubo respuesta. Los líderes cívicos de ocho departamentos resolvieron convocar otro paro en diciembre pero nadie habla de los recursos adicionales.