Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 04 de noviembre de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Acoso y violencia política
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Peor aún. Hay quienes sí hacen mucho, pero a favor de la impunidad de los agresores. Un golpe artero que es cada vez más la regla que la excepción, si hacemos un recuento de los últimos casos denunciados públicamente. El más reciente tiene como protagonista nada menos que al presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, denunciado por violencia física y sicológica por quien era su pareja hasta hace poco, según reconocieron ambos. Él negó inicialmente el extremo, pero ella se dispuso a presentar pruebas ante la Felcv y así lo hizo. ¿Creen que esto le valió de algo a la denunciante? Nada. No pasó nada.
Los temores manifestados por la denunciante tras hacerse público el caso, se cumplieron. Su denuncia no prosperó. Los fiscales demoraron el trabajo de recopilación de pruebas (valoración sicológica, examen forense, remisión de celulares secuestrados a la Policía para el peritaje obligado, etc.) y, al cabo de un par de días de gran presión mediática y sin que mediara explicación clara, la víctima anunció por escrito y de manera breve que había desistido de su denuncia, pidió archivo de obrados y dejó saber que esperaba así que el denunciado no le iniciara procesos judiciales. Lo hizo sin notificar a su abogado defensor.
No hay que ser ilustrada en leyes para intuir que tras ese desistimiento hay señales claras de presión por parte del denunciado. La víctima había dicho que su agresor le advirtió que él sí tenía mucho poder político, ante el cual ella se sentía en desventaja. Los hechos han terminado dándole la razón a la denunciante, cuyo desistimiento es un golpe más que se suma a los otros que aseguró haber padecido de parte de su expareja. Pregunto, ¿dónde están las autoridades y funcionarios que dicen estar contra la violencia hacia las mujeres? Parece que ocupados en hacer discursos y participar en actos más formales que efectivos.
Lo digo con ejemplo. El mismo día que se publicó la noticia del desistimiento de la acción contra el parlamentario cruceño, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional hizo un discurso mientras adhería a la campaña Pintemos Bolivia de naranja: pongamos fin a la violencia contra la mujer. “Exhorto a la sociedad, a todas las mujeres –dijo- a no callar ninguna agresión, busquen siempre la acción de la justicia; por un acto de violencia hoy, puede ser un feminicidio mañana.” Fue lo que hizo la expareja del parlamentario, y no tuvo apoyo. Salvo algunos pronunciamientos de los correligionarios del denunciado, del MAS, no hubo una acción concreta y efectiva que garantizara el inicio del proceso.
No es la primera vez que se conoce un caso como el expuesto ahora, en el que aparecen como protagonistas militantes del partido de Gobierno. Tampoco es problema exclusivo del MAS. Otros actores, partidarios o no, también son parte del engranaje perverso visto en la administración de justicia, que funciona para favorecer la impunidad de agresores y hasta de feminicidas, en detrimento de las víctimas, que lejos de alcanzar la paz que tanto buscan terminan padeciendo más violencia. Acaban escarmentadas, desistiendo de todo. Por eso ya no tienen que tener cabida los discursos huecos, el palabrerío cínico. Ya no.
Ojalá sea el momento de ponerles freno, al discurso y al palabrerío insulso. Exhortemos a no callar las voces que denuncian la violencia hacia las mujeres, pero además a rechazar las promesas que no estén acompañadas de acción justa, oportuna y eficaz.