A menos de 40 días de esta definición, la presión sube para los miembros del Órgano Electoral. Desde el Gobierno nacional han señalado que el TSE no tiene nada que interpretar y debe acatar la sentencia constitucional -emitida por tribunos que ahora ocupan cargos gubernamentales- que habilita a Morales y a García Linera, pese a que en el referéndum de febrero de 2016 la mayoría de los bolivianos falló negando esa posibilidad. Los cívicos han declarado un paro nacional, con bloqueos, para el 6 de diciembre exigiendo que no autoricen la candidatura oficialista. Cualquiera sea la decisión electoral existe el riesgo de que profundice un peligroso proceso de confrontación, situación que no debiera pasar en un país democrático, donde la sentencia del soberano tendría que ser inapelable.

Ni victimario ni víctimas. Tras la primera entrevista que concedió el electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la que criticó y declaró una línea de confrontación con el Folha de S. Paulo, afirmando que “todas las fake news (noticias falsas) que se volvieron contra mí, partieron de Folha”, algunos medios, que durante la campaña electoral estuvieron en su contra con publicaciones llenas de calificativos, ahora ven en riesgo la libertad de prensa. El Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva, también sembró desconfianza contra ciertos medios y hasta los llamó “prensa golpista”. Vale una autocrítica por los que asumen posiciones ideológicas o partidarias a nombre del periodismo.