En varios países de Sudamérica, caso Bolsonaro, por ejemplo, son signos de rechazo al movimiento ideológico totalitario que es contrario a toda innovación libertaria, por lo que, el pueblo, debe generar una nación con una sociedad integrada e indivisible dispuesta a mejorar la calidad de vida.

Por tanto, Bolivia no puede seguir encerrada en dogmas o creencias autócratas que vienen destruyendo el concepto básico de vivir en democracia, al tener bajo su dominio a todos los poderes del Estado.

Dentro de ese panorama, es importante dar un primer paso, recuperando la libertad de acción de la Corte Suprema porque la justicia ya no puede estar subordinada al poder político, tomando en cuenta lo dicho por el jurisconsulto Pantaleón Dalence, cuando dice "que el magistrado judicial libre, sin vinculación partidaria alguna, es vital para una sociedad democrática", según la publicación dominical del diario LA PATRIA.

También es preciso reconocer en nuestro medio, que aquellas fuerzas minoritarias campesinas de base ya muestran su disconformidad al ser manejadas por un grupo oligárquico que acapara el esfuerzo de este sector, sólo para entronizar "caudillos" que se envanecen del poder.

Por ello, las elecciones del próximo año serán cruciales para cortar esa corriente burocrática estatal que ahora difunde el socialismo como la mejor manera de explotar al pueblo. No permitiendo que, haya personas que puedan constituirse en eficientes instrumentos con la misión de superar las actuales deficiencias gubernamentales.

Es fundamental dar un correcto manejo a los ingresos que se tiene, haciendo entender que no hay razón para crear instituciones públicas que se conviertan, tan solo, en fuentes de empleo o agencias de corrupción y de prebendalismo.

Hagamos el esfuerzo para que nuestros profesionales sean parte de plataformas eficaces, que lleven por buen camino a la administración de las regalías departamentales, invirtiéndolas en la mejora de los servicios básicos dentro del campo social.

Confiemos en esta gente de valía para una buena conducción de la cosa pública, desterrando para siempre el aval político como una condición indispensable para que este sector de intelectuales pueda trabajar, y así, evitar que emigren al extranjero debido a la falta de oportunidades en su propia patria.