Y si el oficialismo hace conminatorias como las del vicepresidente, que casi ordenó a los vocales electorales a habilitar al binomio del MAS tal, como dice un fallo de Tribunal Constitucional, del otro lado el movimiento cívico y algunas plataformas ciudadanas tampoco se quedan atrás: ayer, tras una cita organizativa en el Comité pro Santa Cruz, anunciaron un paro cívico nacional con efecto en ocho regiones para el 6 de diciembre. Es decir, dos días antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publique si habilitó o no a Morales y García Linera.

“Los líderes cívicos del país están reunidos en Santa Cruz para convocar un paro nacional, en defensa de la democracia y del voto del 21 de febrero de 2016 (21-F), que dijo No a la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera”, oficializó Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz.

En compañía de Antonio Alarcón, del Comité pro Intereses de La Paz, y Juan Flores, del Comité Cívico de Cochabamba, Cuéllar pidió sensatez a los vocales electorales y les aconsejó no convertirse en cómplices de la violación de la soberanía del pueblo expresada en el voto del referéndum del 21-F.

Cuéllar dejó claro que el paro cívico nacional se realizará para que la población se exprese, salga a las calles y evite que el TSE habilite a Evo Morales y Álvaro García Linera, porque, desde su óptica, son “inconstitucionales”.

En dicha cita refrendaron sus firmas dirigentes cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba y una parte de Beni, donde decidieron retomar las medidas de presión.

Las respuestas del MAS

Donde no cayó muy bien el anuncio de los cívicos fue en el seno del Gobierno. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, cree que el anuncio del movimiento cívico no le sorprende a nadie porque son “sectores conservadores de derecha radical” que nunca vieron con buenos ojos que un líder que viene desde el campo se convierta en presidente y saque al país de su atraso en pocos años.

“Los sectores cívicos responden a grupos de derecha conservadora y para nada nos sorprende que quieran evitar la candidatura de Evo Morales”, opina Romero, quien cree que “seguramente estas movilizaciones están dirigidas (a presionar) al Órgano Electoral”.

El ministro responsable de la seguridad interna del Estado, sin embargo, descartó que el partido del presidente Evo Morales hubiese considerado salir a chocar con el paro cívico del 6 de diciembre y dijo que se garantiza el derecho a llevar adelante esa protesta dentro de los parámetros que la Constitución Política del Estado indica, es decir, sin violencia ni daños materiales ni humanos.

Asimismo, indicó que la realización de este tipo de protestas en el país, que vendría a ser la tercera de esta naturaleza en lo que va del año, es una demostración de que en Bolivia “no hay ninguna dictadura ni régimen opresivo, todo lo contrario: la administración del presidente Evo garantiza el goce de los derechos ciudadanos de las personas que protesten”.

El 12 de enero, los cívicos cruceños llamaron a un paro general de actividades en el contexto de las protestas contra el fallo del TCP que dio luz verde a Evo Morales para ser candidato en 2019 y cuando los médicos del país exigían la anulación del Código del Sistema Penal, que quedó sin efecto poco tiempo después.

Luego, el 21 de febrero, cuando se cumplieron dos años de la votación que le cerró el paso al presidente Morales en un referéndum, los cívicos de Santa Cruz y de otras regiones fueron al paro tratando de doblarle el brazo al Gobierno.

En lo que respecta al Tribunal Constitucional, el magistrado Orlando Ceballos reiteró que el caso de la repostulación del presidente Morales es cosa juzgada y, en consonancia con la lectura del oficialismo, la autoridad constitucional consideró que el Órgano Electoral debe tomar como camino la sentencia que emitieron sus predecesores el 28 de noviembre de 2017, cuando se tomó la candidatura de Morales como un derecho humano.