La elección de la vocal María Eugenia Choque como presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no fue bien recibida por la oposición, que, tras su designación, coincidió en la impresión de que tiene tendencia oficialista, que aumenta la desconfianza en el Órgano Electoral y que con ella se allanará la repostulación de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, pese al resultado del referéndum del 21-F.

No hubo conferencia de prensa tras la designación. Un comunicado anunció la decisión de la sala plena. El vocal Antonio Costas, que se mostró crítico con la injerencia, resultó electo vicepresidente. Ambas gestiones durarán dos años.

EL DEBER intentó obtener los puntos de vista de los vocales: buscó por teléfono a la nueva presidenta y a Costas, pero no respondieron sus celulares.

Fuentes del TSE revelaron que la elección fue rápida, porque la vocal Choque contaba con el apoyo de la vocal designada por el presidente Morales, Lucy Cruz, y del vocal Idelfonso Mamani, quien apareció en fotos haciendo campaña por el MAS en Potosí.

Sin embargo, como parte de una construcción de unidad, se logró la designación del vocal Antonio Costas como vicepresidente, principalmente por su conocimiento técnico. Por lo tanto, la elección tuvo consenso.

El senador cruceño y alto dirigente de Demócratas Óscar Ortiz advirtió que la elección de Choque genera mucho pesimismo, “sobre todo lo que pueda administrar el TSE, que obviamente tiene que tomar decisiones importantísimas, como resolver la impugnación que presentamos los Demócratas al reglamento, relativa a los candidatos inhabilitados y obviamente la resolución sobre la aplicación del referéndum rechazando las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García Linera”.

Acotó que quedan “no solo dudas sino las peores señales”, y explicó que eso se lo vio en el reglamento que aprobaron de la Ley de Organizaciones Políticas, cuando el TSE buscó proteger a Morales y García Linera poniéndoles un candado, “buscando que la población no pueda impugnar estas candidaturas vetadas por el 21-F. Entendemos que Choque habría votado a favor de ese reglamento y esa es una muy mala señal”.

Gustavo Pedraza, integrante del equipo político de Carlos Mesa, advirtió que “sin duda, la elección de Choque despeja el camino de una manera muy clara a la habilitación de los candidatos oficialistas, desconociendo la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016”, aseveró.

El dirigente también puntualizó que la afinidad de Choque con el MAS “es innegable, lamentamos que la desconfianza de la sociedad sobre el desempeño de esta institución tan importante, se incrementará, no es un árbitro imparcial”, complementó.

Este medio se comunicó con el expresidente Jaime Paz Zamora, quien señaló escuetamente que con la elección de ayer “se ratifica y está claro que el Tribunal Electoral es dependiente de la plaza Murillo. No es imparcial y esto es muy grave para el proceso”.

El jefe de la bancada de UD en el Senado, Arturo Murillo, acotó que nada que venga del TSE es una buena noticia.

“No pueden haber elecciones con el binomio Evo-Álvaro”. Anunció que la presión contra el TSE, y la afinidad que Choque tiene con el oficialismo la llevarán a allanar la repostulación.

Por lo tanto, aseveró que el único camino es “que la gente salga a las calles y que exija que se respete su voto. Muchas veces se cambiaron decisiones”. Conminó a los líderes políticos a hacer respetar el 21-F.

Su colega Yerko Núñez comentó que Choque es una mujer que no le da confianza al proceso electoral de 2019, “ponemos en duda su imparcialidad”.

El presidente del Senado, el oficialista Milton Barón, salió en defensa de la nueva directiva. En conferencia de prensa aseguró que ninguno de los vocales del órgano electoral tiene vinculación alguna con el MAS. “Yo rechazo categóricamente ese tipo de aseveraciones completamente infundadas. En todo caso nosotros respetamos las decisiones que tomaron los vocales del TSE y lo que nos toca es desear éxito a la nueva directiva encabezada por Choque y Costas”,complementó.

El senador cochabambino Efraín Chambi expresó: “Para mí es una hermana aimara, le auguramos éxito en sus funciones y reiteramos que es una decisión propia, interna, en el marco de las normativas del TSE”.

La presión

De forma paralela, el Senado terminó el tratamiento de la ley que permitirá llenar las acefalías de un vocal titular y seis suplentes en el TSE. Pero ese hecho quedó en segundo plano, porque tanto en el debate, como en el ambiente político, volvió a cernerse la sombra de la presión en contra de ese órgano por la relección presidencial.

El vicepresidente Álvaro García Linera volvió a apuntar al TSE, poniéndole en claro que ante las dudas que pueda tener en la decisión que debe tomar el 8 de diciembre, de autorizar o no la postulación del binomio del MAS. “No dude, usted no puede dudar porque usted no interpreta, solo ejecuta lo que dice un Órgano Superior en el ámbito constitucional”, fue el mensaje dirigido a sus miembros de la sala plena que a esa hora elegían su directiva.

Esta línea oficialista, sustentada también por los presidentes de Diputados y Senadores, tuvo ayer eco en el Tribunal Constitucional.

El magistrado Orlando Ceballos señaló en Sucre que el TSE no tiene nada que analizar sobre la sentencia constitucional que viabilizó la repostulación presidencial y lo único que le queda es hacer cumplir la Constitución Política del Estado que establece que los fallos del TCP son vinculantes y de cumplimiento obligatorio.

El líder de UN, Samuel Doria Medina, advirtió que El TSE se halla bajo amenaza, igual que la democracia en su conjunto. Más allá de las personas que ahora lo dirigen, la presión del gobierno sobre él y las medidas que el MAS va a tomar para llenar las plazas vacantes con nuevos vocales cercanos al oficialismo, “hacen que tengamos muchas dudas sobre la posibilidad de que Choque mantenga la independencia e idoneidad del tribunal”.

Y acotó: “La cancha está desnivelada y el árbitro no da garantías de imparcialidad. No se trata de una cuestión de personas, sino de la actitud arrolladora del gobierno, que prefiere dinamitar la institucionalidad antes que perder el control de la habilitación de los candidatos.