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Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: miércoles 31 de octubre de 2018
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Han surgido voces altisonantes de cierta oposición política pidiendo que no se realicen elecciones presidenciales en octubre de 2019. Llamado a evitar que el pueblo ejerza su legítimo derecho al voto para elegir a sus autoridades nacionales. Tamaña convocatoria —muy parecida a la sedición— ha remecido críticas de toda índole cuando no francas condenas.
Una de las voces que ha lanzado aquel globo de ensayo la tesis de “no a las elecciones presidenciales” el próximo año, proviene del partido empresarial de Samuel Doria Medina, Unidad Nacional, una sigla que —entre otras cosas— comienza a desaparecer del espectro político, según lo muestran las últimas encuestas referidas a la “intención de voto” en el país.
Siendo así, no parece casual que la incitación cargada de violencia verbal y prepotencia venga de donde viene. Todo indica, como se ha dicho, que el propietario de esta tienda política no tiene ninguna posibilidad de cumplir su ansiado sueño presidencial mediante el voto popular, entonces, claro, para qué elecciones. Doria Medina ya ensayó suerte en otras ocasiones y tuvo que resignarse a una bancada parlamentaria que, en su última versión, estuvo matizada por invitados “independientes” e “indígenas” que le generaron no pocas molestias.
Como otros dirigentes de viejo cuño neoliberal, Doria Medina y sus acólitos se han empeñado en deslegitimar el papel de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), desvirtuar la Ley de Organizaciones Políticas que establece las elecciones primarias y, finalmente —lo que faltaba—, negar el derecho de las bolivianas y los bolivianos de acudir a comicios libres para elegir Presidente y Vicepresidente en 2019.
Por todas las evidencias que develan la impostura opositora, se trata de una escalada desembozada en contra de las reglas del juego democrático y del mandato de la misma Constitución Política del Estado. Se trata no sólo de gritos desesperados de quienes se sienten derrotados, sino de actos antidemocráticos que —pese a su carga mediática— no detendrán la decisión de todo un país de consolidar en las urnas lo logrado en estos 12 años.