Así lo informó ayer Fernando Cuéllar, líder cívico cruceño, quien dijo que el miércoles 31 de octubre en la mañana, sus pares de Potosí, Sucre, Cochabamba y Tarija, entre otros representantes, estarán en Santa Cruz para tomar decisiones frente a la estrategia del MAS, pues, según él, “el partido de Evo Morales quiere violar la soberanía del pueblo, que se expresó el 21 de febrero de 2016 en una consulta popular y que puso límites a la ambición política desmedida”.

Según Cuéllar, el paro total de actividades que anunció la institucionalidad cívica cruceña sigue en pie para el 5 de diciembre, cuando falten tres días para que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) publique la lista de precandidatos habilitados para las elecciones primarias del 27 de enero. Entre ellos, se deberá resolver el caso del binomio que el MAS decidió presentar: Evo Morales-Álvaro García Linera.

La postura del MAS

Y mientras los cívicos cruceños advierten con medidas de presión para evitar que el Órgano Electoral dé curso a la habilitación de Morales, el MAS cierra filas y exige que los vocales electorales obedezcan la sentencia del 28 de noviembre de 2017 que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El oficialismo intenta cerrar cualquier opción que impida la repostulación de Evo Morales. Por ejemplo, ayer, el presidente del Senado, Milton Barón, afirmó que “nada tiene que hacer ni interpretar el Tribunal Supremo Electoral, (porque) hay una sentencia constitucional que en un Estado de derecho como en el que vivimos, debe cumplirse”.

Su discurso repite la línea argumental de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y del vicepresidente Álvaro García Linera, que, en una entrevista con EL DEBER,negó lanzar amenazas contra la Sala Plena del TSE, pero indicó que deben obedecer el fallo constitucional del 28 de noviembre y que el Gobierno haría cumplir con lo que dice la Constitución Política del Estado y las leyes.

En contrapartida, Cuéllar recordó haber remitido una misiva al Órgano Electoral demandando que respeten y hagan cumplir los resultados del referéndum del 21-F y que, caso contrario, “la ciudadanía juzgará sus nombres en la historia: ellos pueden ser árbitros que respeten fielmente la voluntad de la mayoría en las urnas o cómplices de la violación más terrible de la soberanía popular, expresada en un referéndum”.