El 1 de septiembre del presente año, el presidente Morales promulgó la Ley de partidos políticos y con ello han sido institucionalizadas las elecciones primarias para el binomio presidencial. Pero contrariamente a las motivaciones de los proyectistas, se ha convertido en una ley anti “naciones y pueblos originario campesinos” y la más antidemocrática.

Según la Constitución: “Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político” (Art. 1 CPE), y la ley de partidos políticos plantea como objetivo regular la democracia interna de las organizaciones políticas y define a la democracia intercultural como la complementación de las democracias: Representativa, participativa y comunitaria y reconoce tres formas de organización política: 1. Partidos políticos, 2. Agrupaciones ciudadanas y 3. Organización de naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Hasta ahí todo parece perfecto, pero como en todo engaño, en el procedimiento se excluye a las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas y únicamente se reconoce a los partidos políticos con derecho a presentar candidaturas de binomios presidenciales en las elecciones de 2019. Todo el discurso oficial de plurinacionalidad se borra y se clausura con el Art. 29 de la Ley Nº 1.096, que señala: “Para participar en la elección de presidente y vicepresidente del Estado, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio, con participación exclusiva de la militancia del partido político” (Art 29, Ley Nº 1.096).

La ciudadanía sin militancia política partidaria, los 36 pueblos originarios, las comunidades interculturales y afrobolivianas que constituyen el pueblo boliviano según la Constitución, son enviados al palco y a la acera del frente para que desde allí se limiten a observar cómo los nueve partidos políticos se disputan para acceder al gobierno nacional.

Hemos escuchado a militantes del “proceso de cambio” decir hasta el cansancio: “Que después de 500 años Bolivia es gobernada por un indígena”, y el vicepresidente prometió que en “En Bolivia todavía tiene que haber durante mucho tiempo un presidente indígena. Es un tema de necesidad histórica”. No quisiera arruinar el festejo de los indigenistas, pero no es verdad, Evo Morales no gobierna en representación de los pueblos indígenas originario campesinos, gobierna en representación del MAS IPSP. Y los 36 pueblos indígenas reconocidos por la Constitución nunca han estado en el gobierno nacional.

Siempre hay ingenuos que creen en la propaganda oficialista, pero la Ley de partidos políticos se encarga de dar la prueba de que los pueblos indígenas no pueden llegar a gobernar Bolivia. El Art. 49 de la ley en cuestión señala: “En el caso de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, la alianza procederá únicamente en los niveles subnacionales”, en los municipios indígenas. Incluso allá, primero tienen que tramitar su personería jurídica para poder jugar en las ligas de los ayllus, allá donde por referéndum un municipio se convierte en municipio indígena. Exactamente como en el Estado colonial, pueden practicar sus usos y costumbres en sus reducciones, en su k’uchu y ocuparse de sus cosas domésticas, pero asuntos de Estado, ¡nada! Eso es un Estado anti pueblos originarios.

Así funciona la nueva democracia censitaria, igual que en la república colonial, donde la vestimenta de los 36 pueblos originarios se utiliza para los desfiles del 22 de enero y el 6 de agosto, únicamente para hacer creer que los indígenas están en el gobierno y que gobernarán durante los próximos 500 años.

El autor es politólogo.