El debate en las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) para suceder al subgobernador de Padcaya Rufino Choque, precipitado incluso con el cuerpo insepulto de la autoridad, ha evidenciado de nuevo que los asambleístas están dispuestos a transgredir lo dispuesto en el Estatuto Departamental por orden del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Es inaceptable desde todo punto de vista que los asambleístas, máximos representantes de la Autonomía Departamental, viertan declaraciones como las realizadas la pasada semana, cuestionando la designación del sustituto de Choque por parte de la Gobernación demostrando así el desconocimiento del mínimo marco legal vigente en el departamento. Todos los subgobernadores son actualmente designados por el Gobernador mediante decreto ejecutivo que delega las funciones. El Estatuto, promulgado con poco cariño en medio de la campaña electoral así lo estipuló. La elección de subgobernadores que se dio en 2015 fue el resultado de la contemporización del calendario por parte de los asambleístas de la primera legislatura autónoma, que se empeñó justamente en no poner en vigencia el Estatuto para no impedir su elección. Oliva, una vez electo él y electos todos, obviamente no hizo otra cosa que designar a los que habían recibido el respaldo popular.

Que los asambleístas desconozcan el marco jurídico da cuenta de las miserias de esta Autonomía que alguna vez recibió el respaldo aplastante de la población. Y no, tampoco es aceptable decir que en el fondo sí todos sabían, pero las declaraciones responden a estrategias para tratar de que uno de los suyos, un asambleísta, acabara designado subgobernador cual Lino Condori. Equivaldría a mentir.

Con estos antecedentes, es evidente que los asambleístas se disponen a romper las reglas del juego concedidas por el Tribunal Constitucional a través de la Ley del Régimen Electoral. El presidente de turno, Guillermo Vega, ya ha dejado claro que su bancada va a incluir la elección directa de subgobernadores pese a la Sentencia Constitucional y la advertencia del Órgano Electoral, que le recuerda que algo así sería una “resolución contraria a las leyes”, es decir, delito tipificado. Quien firma y quien asume las consecuencias procesales parece ser uno de los asuntos en debate.

Los subgobernadores le cuestan a las arcas públicas departamentales unos 10 millones de dólares al año en sueldos de asesores, consejeros, choferes, secretarios; pasajes; viáticos; teléfonos; alquileres, etc., 10 millones de dólares, prácticamente el 10 por ciento de las regalías que se perciben, se van en la burocracia paralela construida para eclipsar a los alcaldes.

Pero el problema de la elección de los subgobernadores no es solo de racionalización del gasto en un tiempo histórico de gobernanza horizontal y donde no se necesita una pléyade de caudillos desplegados en el territorio con métodos opacos; es también una cuestión de salvar el proyecto departamental, de canalizar los sueños comunes a través de esfuerzos y planes conjuntos y no de dinamitarlo en once pedazos minúsculos dedicados a atender necesidades de competencia municipal sin acabar de resolver los problemas a la gente.