El Órgano Electoral Plurinacional, como nuevo órgano del poder público creado por la Constitución Política del Estado de 2009, tiene como misión acompañar, promover y construir la Democracia Intercultural como espacio político de encuentro de la diversidad, para institucionalizar nuestra propia identidad en las democracias.

Por eso existía una gran expectativa en la gestión inicial, era la puesta en ejecución de la Constitución Política del Estado Plurinacional, pues de la antigua Corte Nacional Electoral como instrumento institucional accesorio para la administración electoral, se pasa a una nueva determinación institucional enmarcada en la responsabilidad de administrar y acompañar los procesos democráticos de las democracias reconocidas constitucionalmente; pero aún más, es una tarea histórica la de construir puentes de relación que hagan posible precisamente la Democracia Intercultural.

En 2010, el naciente OEP, con el nombramiento de los nuevos vocales electorales, heredó el prestigio y la legitimidad de la antigua CNE, que en los últimos años y a pesar de los conflictos y los nombramientos acordados en torno a “notables”, generó acuerdos interpartidarios y la construcción de una institucionalidad mediáticamente reconocida en la administración de los procesos electorales.

Lamentablemente, desde el inicio de la gestión del Tribunal Supremo Electoral no se definió en equipo colegiado de vocales las tareas estratégicas que tocaban impulsar, no hubo una introducción necesaria al tamaño de la responsabilidad que les tocaba desempeñar, dando por supuesto que el poder de la representación otorgaba, por añadidura, la capacidad para ejercer y emprender esta responsabilidad de iniciar la vida institucional de un nuevo Órgano del poder público.

En definitiva, se generó un proceso de acomodamiento respecto a lo realizado anteriormente por la CNE. No se crearon espacios de reflexión, debate y propuesta para un proceso de transición institucional hacia la tarea constitucional encomendada.

Entonces, estas condiciones iniciales que ya anunciaban crisis tenían que detonarse en errores de los procesos y en actitudes individuales que los vocales asumieron fuera de la ética institucional; la consecuencia fue que apenas empezando 2015 la labor del Tribunal Electoral Plurinacional se detuvo intempestivamente.

Como un castillo de naipes, la institucionalidad precaria se derrumbó producto de la incapacidad personal de los vocales para entender el sentido estratégico de su misión en torno a la construcción institucionalizada de la Democracia Intercultural.

Luego de la desastrosa gestión del primer Tribunal Supremo Electoral, que culminó en 2015 con la renuncia masiva de todos ellos, se desencadenaron una serie de acontecimientos y procedimientos para nombrar nuevos vocales que no sólo reemplacen a los anteriores, sino que tengan como tarea fundamental recuperar la legitimidad y transparencia con la que debe contar un administrador electoral.

Sin embargo, desde la convocatoria y la preselección de los postulantes quedó claro que el objetivo estratégico de la oposición minoritaria en la Asamblea era el de no avalar el proceso de elección de vocales, sino esperar el momento adecuado para la ruptura, y ésta se dio cuando la oposición pretendió equiparar sus condiciones de decisión con los 2/3 necesarios, y sólo entonces poder hablar de democracia.

No obstante y finalmente, el proceso institucional se completó con el nombramiento de los seis vocales titulares y seis suplentes; no sin antes que la minoría parlamentaria califique en los medios de comunicación que todos los nombrados son en realidad del MAS, buscando desde el inicio descalificar la legitimidad de su labor.

Es una repetición histórica en estos 13 años del Proceso de Cambio el que la minoritaria oposición pretenda de que si no logra imponer su posición sobre las mayorías, entonces no existe democracia, el mismo argumento esgrimido para que la mayoría además deba legitimar sus argumentos ya no sólo con el 50% más uno, sino con 2/3 de apoyo, como ocurrió en la Asamblea Constituyente.

En esas condiciones de interpelación y frente a eventos fundamentales como los del referéndum del 21 de febrero de 2016, y las elecciones que se avecinan en 2019, la oposición redobló sus presiones sobre la institución electoral, aún más, muchos de sus portavoces fueron consultores o bien nombrados en responsabilidades institucionales en el propio TSE.

El mismo proceso de construcción del anteproyecto de ley de la LOP contó con al menos tres consultores de partidos que estuvieron en función de gobierno en tiempos neoliberales. En este contexto de pugnas de poder interno, los intereses se volcaron sobre la institucionalidad electoral y el rol que le corresponde al TSE frente a decisiones de orden constitucional emitidas ya por otra instancia del Estado.

En definitiva, la disyuntiva es fundamentalmente política en cuanto a los resultados de avalar el binomio oficialista, basados en el fallo del Tribunal Constitucional, o vetarlo por las condiciones enarboladas del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Sin duda, no es la primera ni la última vez que las presiones políticas se ciernen sobre los administradores electorales. En el pasado neoliberal las presiones y cuotas partidarias fueron recurrentes, generando serias confrontaciones internas en la Corte Nacional Electoral, demasiadas veces por pugnas de poder personal y otras por posiciones políticos distintas.

Las divergencias siempre existieron desde el principio en el nuevo TSE, miradas distintas desde perspectivas individuales y colectivas, así como disputas de espacios de poder en la propia institucionalidad; sin embargo, prevaleció el que se debía preservar la institucionalidad de las decisiones. No obstante, demasiadas veces en este proceso la minoría busca obligar a la mayoría a condenar a quienes son parte de las ideas que enarbola la Constitución Política del Estado Plurinacional. Sería más coherente reconocer esta condición política del proceso, por encima del argumento falaz de que los elegidos son “ángeles” que no tienen posición política o “notables”, que en el marco de un argumento colonial es entendible cuando las diferencias se avalaban y eran parte de la discriminación-diferenciación de la “plebe”. 

Entonces, la situación actual del TSE, en medio de la expectativa política sobre las decisiones de las elecciones primarias que generó la salida de Exeni primero y luego de la presidenta Katia Uriona, es síntoma no de una crisis institucional, sino de la propia manera de administrar la democracia interna en la toma de decisiones, que es parte de un proceso que se arrastra desde el principio de la construcción constitucional de la OEP.

Es evidente la falta de un liderazgo institucional fuerte y capaz de sumar la pluralidad de visiones para sostener la construcción de la institucionalidad necesaria; así como el que los vocales nacionales y departamentales además de velar por el cumplimiento efectivo y transparente de los procesos electorales, sean capaces de ser propugnadores de la construcción de la Democracia Intercultural con la ciudadanía toda, que es un mandato constitucional.

El proceso continúa su curso, aunque la minoría opositora interesada en el derrumbe institucional del TSE armó su escenario en torno a una supuesta confrontación entre “institucionalistas” y “masistas”, llenando de alabanzas a los primeros. Que extraño que para esta misma oposición antes de esta coyuntura todos los vocales fueran tachados de masistas y de ilegítimos. Esto nos da la pauta del uso político que se pretende dar a este tema, por cuanto es más que evidente que las minorías opositoras para no mostrarse como “no democráticas” se adscriben al proceso electoral, aunque su estrategia política fundamental es una apuesta a patear el tablero y asentarse en el discurso de la ilegitimidad del TSE y el de la acusación recurrente de “dictador” al presidente Evo Morales.

Cabe recordar que ya antes la antigua CNE fue interpelada por la oposición en situaciones todavía más conflictivas y de enfrentamiento; sin embargo, la solidez argumentativa y técnica junto al liderazgo interno permitieron sortear los momentos difíciles aumentando su credibilidad.
El contexto político del actual TSE no es de los mejores, arrastrando el fracaso institucional de los primeros vocales, además en un país donde es evidente la construcción hegemónica de una mayoría y con minorías políticas que buscan impugnar al árbitro y echarle la culpa de sus derrotas pasadas y futuras.

Sin embargo, por la salud de la democracia representativa debemos generar mayores condiciones para la Democracia Intercultural que nos permita lograr mayores consensos e inclusiones, que vayan más allá de las peleas por cuotas de poder, que se afinquen en la construcción del Estado Plurinacional y en una ética política que sea la expresión de la conducta personal e institucional de los vocales elegidos para acompañar el proceso de democratizar cada vez más la democracia.