Por cortesía del Movimiento Al Socialismo (MAS), la campaña electoral en Bolivia ha comenzado un año antes de los comicios generales. Esto beneficia sobre todo al oficialismo que ya mueve su gigante aparato para garantizar, pese a que es ilegal, la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.

El punto es que todo acto del Gobierno hoy “parece” campaña, con la grave consecuencia de aquello que es tan común en Bolivia, pero que nadie controla ni sanciona: el uso indebido de recursos del Estado.

Claramente, el MAS parte con esta gran ventaja sobre la oposición, la de poder “enmascarar” acciones de proselitismo con obras, promesas y beneficios que el Estado otorga.

Y así, lamentablemente, lo que es una obligación estatal termina siendo una prebenda para conseguir la lealtad y futuros votos de grupos sociales y corporativos.

No es extraño que, por ejemplo, en la mayoría de los actos presidenciales que el canal estatal transmite, se vean ahora más banderas azules y carteles de “Evo presidente 2020-2025”.

Tampoco es coincidencia que el Gobierno arme actos gigantes con comerciantes, que terminan con la proclamación a Morales.

Y menos “raro” es que el Presidente gaste recursos del Estado para un viaje de 24 horas a Buenos Aires para prometer a los migrantes bolivianos la construcción de canchas deportivas en territorio argentino, algo probablemente muy difícil de hacer.

Como estos episodios veremos muchos, mientras más se acerquen las presidenciales de octubre de 2019. Y la pregunta es qué hacer o a quién exigir el control para que, al menos, se haga un intento de que todos los frentes políticos y candidatos compitan en igualdad de condiciones.

Por cortesía del Movimiento Al Socialismo (MAS), la campaña electoral en Bolivia ha comenzado un año antes de los comicios generales. Esto beneficia sobre todo al oficialismo que ya mueve su gigante aparato para garantizar, pese a que es ilegal, la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera.

El punto es que todo acto del Gobierno hoy “parece” campaña, con la grave consecuencia de aquello que es tan común en Bolivia, pero que nadie controla ni sanciona: el uso indebido de recursos del Estado.

Claramente, el MAS parte con esta gran ventaja sobre la oposición, la de poder “enmascarar” acciones de proselitismo con obras, promesas y beneficios que el Estado otorga.

Y así, lamentablemente, lo que es una obligación estatal termina siendo una prebenda para conseguir la lealtad y futuros votos de grupos sociales y corporativos.

No es extraño que, por ejemplo, en la mayoría de los actos presidenciales que el canal estatal transmite, se vean ahora más banderas azules y carteles de “Evo presidente 2020-2025”.

Tampoco es coincidencia que el Gobierno arme actos gigantes con comerciantes, que terminan con la proclamación a Morales.

Y menos “raro” es que el Presidente gaste recursos del Estado para un viaje de 24 horas a Buenos Aires para prometer a los migrantes bolivianos la construcción de canchas deportivas en territorio argentino, algo probablemente muy difícil de hacer.

Como estos episodios veremos muchos, mientras más se acerquen las presidenciales de octubre de 2019. Y la pregunta es qué hacer o a quién exigir el control para que, al menos, se haga un intento de que todos los frentes políticos y candidatos compitan en igualdad de condiciones.

El TSE debería ser el encargado de identificar y sancionar el uso de las funciones y los bienes del Estado para propagada electoral, pero ante la debilidad institucional de aquel organismo, eso, al parecer, será una tarea imposible.

 María Julia Osorio Michel

Jefa de Redacción de Los Tiempos