Mientras los MASistas se distraen inflando la cifra de su “militancia” aparente sin presentar un binomio presidencial que respete el criterio de paridad de género, que sea elegible (o que no esté impedido por ley) alternativo al imposible Evo-Álvaro, desde la ciudadanía ya tenemos propuestas de cara al futuro inmediato, es decir el #Postevismo.

Para devolverle el protagonismo al ciudadano -afiliado a una sigla o no y más allá del servicio público-, inicialmente debemos señalar que la ciudadanía es una situación jurídica -incluyente y general- independiente de los niveles de instrucción, ocupación o renta, y fundamentalmente tenida que ver con el ejercicio de los derechos políticos. Empero, su ejercicio en los hechos va más allá de haber cumplido 18 años, el sufragio electoral o el ejercicio de funciones públicas.

Tan es así que, por ejemplo, las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen el derecho a que su identidad cultural “se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad” (Art.30.II.3 CPE). En ese contexto la ciudadanía también implica sentido de pertenencia e identidad. En efecto, la CPE consagra categóricamente que:“Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos”.

Ahora bien, esbozada tal conceptualización proponemos: 1) Romper ‘el monopolio de la fiscalización parlamentaria’ con el empoderamiento de los ciudadanos ya sea de forma particular u organizados en sociedad civil interpelante, peticionante y accionante, a partir de mecanismos que ya están dispuestos en la misma CPE de 2009.

Por ejemplo, existe el derecho a la petición (Art. 24 CPE que equivale a las famosas Peticiones de Informe Escrito de la ALP), asimismo se cuenta con una serie de instrumentos dispuestos en todo el Título de ‘Participación y Control Social’ (Arts. 241-242 CPE).

Haremos cumplir la norma ya vigente. Y estos mecanismos de interacción del ciudadano de forma particular o como sociedad civil organizada, deben funcionar como un escudo frente al abuso del poder, de una forma más útil y directa que la clásica división de órganos o poderes.

En consecuencia, el poder que sobrevenga al evismo deberá convivir con moderaciones, calibradas desde la sociedad civil, sin excepción alguna. Quienes los ejerzan lo harán sabiendo que tiene fecha de caducidad (es decir contrario a la reelección indefinida), y por ello deberán optimizar la ejecución de políticas de Estado, más no de caudillo, sector o sigla.

2) También proponemos algo trascendental, que es quebrar ‘el monopolio de la iniciativa legislativa’ que, por ahora, lo detenta el Órgano Ejecutivo que ha convertido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en una simple legitimadora de los proyectos de ley que le remiten con informitos (de aprobación) de sus respectivos ministerios, para que sus Cámaras tan sólo se sirvan aprobar y sancionar respectivamente por mero formalismo, anulando su natural iniciativa.

Frente a ello, se deberá efectivizar la iniciativa legislativa ciudadana que es una de las formas de ejercicio de la democracia directa y participativa de nuestro Sistema de Gobierno republicano (Art. 11.II.1 CPE). Paradójicamente esa ruptura del monopolio de la iniciativa legislativa deberá producirse mediante la promulgación de una ley que regule los procedimientos de tal iniciativa ciudadana con la que los ciudadanos puedan presentar y discutir proyectos de ley que vayan a mejorar, por ejemplo, su acceso y disfrute de los servicios básicos; siempre en el marco de las competencias de los diferentes niveles de Gobierno claro está.

Como se podrá concluir lo propuesto, tan sólo respecto a la ruptura de los monopolios mencionados (porque también tenemos una propuesta de diseño territorial alternativo a lo autonómico y a lo federal que lo explicaremos en otro artículo), implica una inclinación hacia el ejercicio de la democracia directa y participativa, coordinado con su ejercicio representativo y comunitario respectivamente.

Franz Rafael Barrios González es investigador en asuntos jurídicos