En noviembre de 2017, seis magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) avalaron la “reelección vitalicia”. Hoy, tres de esos tribunos -Ruddy Flores, Virginia Andrade y Macario Lahor Cortez- ocupan altos cargos en entidades del Gobierno.
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El MAS dice que no se les puede negar el derecho al trabajo. La oposición sostiene que el oficialismo “paga” a los exmagistrados la habilitación de Morales.
En noviembre de 2017, seis magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) avalaron la “reelección vitalicia”. Hoy, tres de esos tribunos -Ruddy Flores, Virginia Andrade y Macario Lahor Cortez- ocupan altos cargos en entidades del Gobierno.
El resto -Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho y Oswaldo Valencia- no figuran como servidores de ninguna entidad estatal, según una revisión que realizó Página Siete.
Los exmagistrados firmaron la sentencia 84 del 28 de noviembre de 2017 que habilitó a Evo Morales para ser candidato de forma indefinida. No obstante, esa resolución va en contrasentido del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando el 51,3% de electores dijo “No” a la reelección.
El primero que asumió funciones en el Gobierno fue Flores. Inicialmente -en febrero- ocupó el cargo de director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.
Tres meses después dimitió y el 23 de mayo de 2018 fue designado por el presidente Morales como Ministro Consejero de la representación permanente ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza.
Dos meses antes, en marzo, Roxana Eneida Rojas Lozano (esposa de Flores) fue nombrada cónsul en Bruselas, Bélgica.
En mayo, la exmagistrada Neldy Virginia Andrade Martínez fue designada como jefa regional Potosí-Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.
Esta semana, Lahor Cortez fue posesionado como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y cuyo titular es César Cocarico.
Las posturas políticas
Para la oposición las designaciones “son un premio” por habilitar al presidente Morales para los comicios generales de 2019, “por encima del 21F”.
“Es un premio, es el pago de favores a la habilitación del presidente Morales pisoteando el voto del pueblo boliviano que dijo ‘No’ a la reelección de Evo”, afirmó el diputado Gonzalo Barrientos, jefe de bancada de Unidad Demócrata.
Para el oficialismo, todo ciudadano tiene derecho al trabajo y -se menciona- el Estado es el más grande empleador. “No podemos restringir un derecho constitucional a nadie, no podemos negarle el derecho al trabajo, porque de ahí depende su derecho a la salud, a la alimentación e incluso su derecho a la vida”, señaló el diputado del MAS Lucio Cárdenas.
Punto de vista Arturo Yáñez, constitucionalista “Es una forma de cobrar la factura”
Es una actitud muy discutible de estos exmagistrados, pero también de quienes los designan porque, está claro, que diferentes instituciones judiciales y académicos afirman que la sentencia del Tribunal Constitucional, que se apoya en un derecho humano para habilitar al presidente Evo Morales, es una falacia.
La interpretación que han hecho los exmagistrados del artículo 23 del Pacto de San José no es nada serio ni jurídico.
Entonces, a partir de ello podemos ver que quienes han redactado la sentencia han cometido el delito de prevaricato, peor aún cuando la misma Constitución permite la reelección.
Todo eso nos muestra que estos exmagistrados no han actuado de una manera legal y que sus nombramientos en diversos cargos en el Estado, como el caso de Ruddy Flores y su esposa, designados por Cancillería, son parte de un beneficio que ellos están obteniendo por emitir esta sentencia.
Los cargos a los que ellos están optando en el sector público es como una forma de cobrar la factura.
