Esta situación crea inestabilidad en el órgano legislativo y en todo el sistema municipal alteño. “Cuando uno no está acreditado legalmente en la función que ejerce, todos los actos posteriores son declarados nulos. A futuro no faltará alguien que diga ‘lo había firmado un concejal que era ilegal, que se anule’. Eso crea inestabilidad en la administración”, dijo el director general de Asesoría Legal de la Alcaldía de El Alto, Gerald Quisberth.

La Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales establece que una sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal es una de las causales para que alcaldes o concejales pierdan su mandato. Asimismo, la Constitución Política del Estado, en su artículo 234, refiere como requerimiento para acceder al desempeño de funciones públicas “no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal pendientes de cumplimiento”.

La sentencia del concejal Fernández fue denunciada por el diputado Wilson Santamaría (UD), quien envió la documentación al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al propio Concejo Municipal de El Alto. “Esta última instancia no se ha pronunciado, eso es incumplimiento de deberes. El Órgano Electoral aún está en plazo para responder”, explicó.

El delito detonante

En octubre de 2017, el concejal Édgar Calderón fue enviado a la cárcel de San Pedro, acusado de conducción peligrosa y uso indebido de bienes del Estado.

Dos días antes había protagonizado un choque en el camino a Achocalla. Conducía una camioneta propiedad del Concejo Municipal y tenía 1,5 grados de alcohol por litro de sangre (tres veces más del límite permitido). Trató de darse a la fuga.

Su detención preventiva derivó en la suspensión de su cargo. Dejó acéfalo el curul y la presidencia de la Comisión Jurídica.

En diciembre de 2017, Marcelo Fernández fue designado para ocupar el curul edil de Calderón. Aunque representaba a UN (partido de la alcadesa Chapetón) fue elegido presidente del Concejo con votos de la bancada del MAS, el representante de SOL.bo y dos disidentes de UN.

Fernández asumió la presidencia del Concejo alteño entre reclamos de la bancada de UN. Lo acusaban de traidor y calificaban su elección de ilegal.

Fernández, sentenciado

El pasado 11 de septiembre, el diputado Wilson Santamaría denunció que pesa sobre Fernández una sentencia condenatoria que data de 1998, por transporte de sustancias controladas. El cumplimiento de esa pena está aún pendiente.

Esa sentencia no figura en el certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) ni en la declaración jurada que el ahora concejal presentó para postularse a las elecciones 2015.

“Llama la atención que una sentencia de un proceso del 98 y que ha sido impugnada hasta el 2015 -es decir, que recién ha entrado en ejecución- no esté en el REJAP”, apuntó el diputado.

La denuncia fue acompañada con un mandamiento de condena del Juzgado Público de Familia N°5 y Penal Liquidador N° 3 de Oruro. El documento, emitido el 5 de septiembre de 2018, ordena poner en presidio a Fernández.

Tras la denuncia, el concejal se ausentó de El Alto por una semana. A su retorno informó que el juez de Oruro había dejado sin efecto la orden de detención. Sostuvo que era víctima de persecución por un “delito prescrito hace 20 años”.

No obstante, Página Siete tuvo acceso a un memorial del 20 de septiembre de 2018, en el que Fernández solicita la “extinción de la pena por prescripción”. Esa petición fue rechazada por el Ministerio Público mediante un requerimiento fiscal emitido el pasado 3 de octubre.

Calderón, con detención

Desde que recibió detención domiciliaria hace un año, Calderón ha solicitado la restitución de su derecho al trabajo para recuperar su curul en el Concejo. Su pedido es rechazado por el Ministerio Público con el argumento de que el contacto del concejal con otros funcionarios implica riesgo de obstaculización de la justicia.

Y es que cuando Calderón fue detenido en San Pedro fue visitado por funcionarios tanto del legislativo como ejecutivo edil, según los registros del penal. Quien más lo visitó fue su asistente personal (SPEG), quien se identificaba como su esposa.

Con esos registros, Fernández denunció a Calderón por nepotismo, favoritismo y uso indebido de influencias. El abogado Quisberth señaló que nunca llegó la denuncia formal de este caso a la Alcaldía. Tampoco se siguió ninguna investigación de oficio.

“La etapa de investigación ya ha terminado y ahora está en etapa de juicio. Entiendo que Calderón ha solicitado que más allá del arresto domiciliario se le autoricen las salidas en horario laboral bajo la justificación del derecho al trabajo”, explicó el jurista de la comuna.

Consultado sobre si el retorno del Calderón al Concejo sería ético, Quisberth señaló que eso esta en manos de una comisión del legislativo edil.

El lunes se llevará a cabo la audiencia de Calderón para su solicitud de restitución del trabajo.