Mientras el oficialismo entrega obras y realiza actividades proselitistas, la oposición busca unir el amorfo conglomerado que plantea enfrentar a la actual administración con vistas a las elecciones. Una difícil tarea de buscar elementos que hagan posible fluir ideas en torno a un solo bloque que tenga posibilidades el 2019. El recurso de reivindicar la vigencia del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que rechazó la modificación de la Constitución Política del Estado, parece que queda corto para evitar la candidatura de Evo Morales. Evidentemente existen otros factores que pueden ser decisivos, pero hasta ahora poco o nada se ha logrado para ponerlos en el escenario.

La polarización que vive el país es una realidad y se acentúa cada vez más mostrando, por una parte, una acción decidida para defender el 21F, con movilizaciones en todo el país, pese a no contar con una dirección única y menos una coordinación de objetivos. El desorden y la improvisación caracterizan a estas agrupaciones, pese a que tienen argumentos para ser utilizados como un núcleo que vincule y unifique, como son la defensa de la vigencia de la CPE.

Queda en el recuerdo y para la historia la andanada de regímenes de fuerza que tomaron el poder desde la década de 1960 hasta 1983 en nuestro país. Situaciones de esta naturaleza se dieron globalmente en países del tercer mundo, pero en América Latina han tenido connotaciones genocidas y articulaciones entre los militares de varios países. Recuperar el estado de derecho ha sido una lucha sacrificada de la ciudadanía y de algunos partidos políticos. Las juventudes del siglo XX buscaban un horizonte mejor.

Por ello llama poderosamente la atención el empeño de algunos líderes políticos en fracturar la legalidad y poner en riesgo la democracia. Nuestro país parece entrar en esa secuela que puede tener derivaciones lamentables. Esta recurrente realidad ha motivado a politólogos y a instituciones defensoras de la democracia a efectuar estudios de la situación, llegando a conclusiones que, en resumen, afirman que la calidad de la democracia está en descenso.

Un trabajo de investigación estima que en el mundo, más de tres mil 456 millones de habitantes viven bajo regímenes irrespetuosos de la voluntad ciudadana y la democracia. Hay valiosas conclusiones en el estudio de la Unidad de inteligencia de la revista británica The Economist, que en el Índice de Democracia 2017 (Democracy Index), clasifica 167 países a partir de una nota del 0 al 10. Según el índice, solo los países con más de 8 puntos se consideran democracias «plenas» o completas. En los hechos, menos del 5% de la población mundial vive en una «democracia plena», según ese informe que clasifica a los países por la eficacia y salud de sus sistemas políticos. En Latinoamérica, en este momento, son Cuba, Venezuela y Nicaragua los países donde se coartan las libertades ciudadanas.

Pero ¿cómo marcha la democracia en Bolivia? Desde la instauración del proceso de recuperación de la democracia, en 1982, sin duda ha habido avances importantes, prueba de ello es la llegada al gobierno de Evo Morales con más del 50% de los votos, hecho político inédito en Bolivia. Empero, en su gestión se está atentando contra principios democráticos elementales, además de la transgresión a las Constitución Política del Estado, y otras infracciones a la legalidad.

Los intentos por defender el estado de Derecho hasta el momento son infructuosos. Posiblemente falte una acción decidida de los líderes nacionales para demostrar, en los hechos, sus vocaciones democráticas haciendo posible la unidad de acciones dirigidas a defender los derechos y libertades de los ciudadanos y la vigencia del proceso democrático.