Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 06 de diciembre de 2017
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
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Una contundente y triste victoria
Sin embargo, es inocultable su vinculación con otro hecho de la mayor importancia y gravedad: en la misma semana, el martes 28 de noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a un mes de cesar en sus funciones, hizo conocer el fallo que da curso al pedido de algunos miembros del oficialismo de hacer prevalecer un supuesto derecho humano del presidente del Estado por encima de la restricción del Artículo 168 constitucional, que prohíbe más de un par de periodos continuos en esas altas funciones.
Como es sabido, además está vigente el resultado del referendo del 21F 2016, cuando la ciudadanía le negó la posibilidad de anular dicha restricción perfectamente coherente con la existencia de una presidencia institucional.
Los resultados de esta reciente consulta muestran algo más de la mayoría absoluta de votos emitidos por el “nulo” que sumados a los “blancos” representan 2/3 de los votantes. Por tanto, sólo el tercio dieron su respaldo a alguno de los postulantes que son los “votos válidos”. En una elección cualquiera esto ya es preocupante, en la actual, que reitera –agravados- una tendencia de la vez anterior (2011) no sólo es preocupante sino está mostrando una situación de crisis. No del sistema judicial, que desde luego está y hace tiempo, sino del sistema político.
La inadmisible ceguera del oficialismo que repite que “se respeta el
resultado del 21F” sólo porque no hubo reforma constitucional –y sí la
triquiñuela del TCP- que de aplicarse ese fallo que omite referencia al
21F es lo que está trasuntando el profundo malestar que no puede
atribuirse a conspiración alguna.
Esto es lo que subyace en la impresionante movilización ciudadana para expresar el voto nulo, incluida la supervisión y resguardo de los escrutinios que hacen inocultable esta tendencia, la del rechazo al régimen, incluida la innovación de elegir jueces. No es forzada esta interpretación, lo dicen líderes de opinión, los activistas ciudadanos y los mismos ciudadanos y ciudadanas que con las fotos de sus papeletas anuladas circulan en las redes de manera apabullante.
Pero hay algo triste en ello. Si bien es de admirar el compromiso
ciudadano para hacerse escuchar en su protesta en las urnas, como
formalmente el asunto es la elección de jueces, el sistema político
puede –obtusamente- ignorar este clamoroso signo. Y esto está haciendo,
según las declaraciones de los habituales voceros del oficialismo,
incluidos los mandatarios principales.
Esta incapacidad para hacerse cargo de tan estruendosa derrota pone en
entredicho gravemente la continuidad de la vida democrática del país. Ya
se han escuchado proclamas que piden privilegiar otro tipo de recurso
de protesta, que de ponerse en marcha seguramente traerán violencia y
luto. Porque autoconvencidos de la lejana legitimidad del “proceso de
cambio” los actuales miembros del oficialismo son, hasta ahora,
incapaces de procesar inteligentemente los datos de la reciente
concurrencia electoral.
Gonzalo Rojas Ortuste es politólogo, profesor e investigador del postgrado de la universidad pública.