El Gobierno logró la Constitución boliviana -además de sus irregularidades operativas, de funcionamiento y de legalidad- a balazos; por ella se mató a Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y a José Luis Cardozo en La Calancha (Chuquisaca). Se la llevó a Oruro y de ahí a La Paz, donde se acordó un texto no debatido por los asambleístas; sin embargo, así se hizo, se la llevó a referéndum, se la aprobó y debiera estar en plena vigencia, cosa que no ocurre. Veamos lo electoral:

No solo se usó al Tribunal Constitucional para imponer un fallo que, teóricamente “valga lo mismo” que el referéndum del 21-F, cuando al basarse en un error (la reelección no es un derecho humano) su conclusión resulta ser, a todas luces, errada. Pero ahí estamos, debatiendo si Morales debe o no ser candidato (sabemos que no puede) y viendo cómo se prepara el zarpazo definitivo para tomar el Tribunal Supremo Electoral, de manera indisimulada (ya no guardan las apariencias).

Presionaron a doña Katia Verónica Uriona después de la ida del dócil José Luis Exeni y la señora cedió fácilmente y ante el “empantanamiento” (el mensaje implicó que ella estaba por la institucionalidad) decidió actuar a favor del MAS, dejando 3 a favor del partido de Gobierno y 2 por la institucionalidad; si no fuera así, resistía con los 3 del empate y exigía que se convoque a la suplente que existe y que se negaban a posesionar y posesionarán de urgencia.

Cuando se funciona con cinco o seis, ya estamos ante una situación que cae en la irregularidad porque la CPE (tan inútil para estos casos) dice que los miembros del TSE serán siete, es decir que si no son siete no puede funcionar, así se inventen que el quórum se hace hasta con cuatro, en un simplismo argumental que no resiste una discusión, porque así estén cuatro en sala, los vocales siguen siendo siete en ejercicio; en fin, es como decir que los diputados pueden ser 125, cuando la Constitución establece 130; cuántos sesionen es otra cosa.

Pero como en el poder saben que en algún momento esto se les puede volcar, ahora decidieron “convocar a los más de 400 que postularon a alguno de los cargos” de ese Tribunal para escoger de entre ellos, seguramente temerosos que ciudadanos de reconocido prestigio en el contexto político/social nacional decidan presentarse con el fin de salvar lo que queda de democracia.

Pues les aviso que convocar a los 400 es ilegal, porque la ley dice que para esos cargos se convocará con 45 días de anticipación y no con más de 1.100 días que pasan entre la anterior convocatoria y los días que corren entre esa elección y la que se va a realizar para completar el número de siete en el TSE. Les recomiendo a los parlamentarios leer la Ley Nº 018 del 16 jun. 2010, llamada ley del Órgano Electoral Plurinacional; no les va a hacer daño saber lo que dice el Art 13 numeral 5.

Sin embargo, al poder no le interesa la legalidad, le interesa el poder, de manera que, así como se empecinan en hacer la pantomima de una elección primaria (desprestigiándola para el futuro) con un solo candidato, convirtiéndola en una manifestación y expresión de su fuerza electorera/clientelista (los empleados públicos y sus familias, además de otros de empresas descentralizadas fueron obligados a inscribirse) así tratarán de seguir con lo suyo y no se pararán en ‘pequeñeces’. Ya mataron muchas veces en su afán de afianzar su poder, el tema es que hoy las cosas parecen ser diferentes, más allá de que los partidos sucumban ante el juego electorero del poder para, juntos, sacar a las plataformas de las calles, las calles siguen siendo la expresión del 21-F y nadie va a ocupar ese lugar.

Ya será el tiempo de las elecciones reales, hoy es tiempo de 21-F.