Unas tres semanas atrás, advertíamos desde esta columna sobre la disputa entre “moderados y jacobinos” en el seno del Órgano Electoral. En los días siguientes, la prensa prefirió hablar de “institucionalistas y oficialistas”, reconociendo de todas formas la existencia de la pugna.
Ahora, con la renuncia de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, el conflicto parece entrar en una nueva fase, a ser resuelta mediante ley desde la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Uriona había tenido un papel destacado en la noche del 21 de febrero del 2016, cuando, obviando las grandes presiones gubernamentales, habló ante las cámaras de televisión para informar sobre la victoria del NO en aquella consulta popular.
Desde entonces era una piedra en el zapato del proyecto prorroguista, y está claro que deben haber mediado importantes amenazas para alejarla del cargo.
La suerte estaba echada cuando, en una larga entrevista difundida el fin de semana, el vicepresidente Álvaro García Linera sentenció que “el TSE no tiene nada que interpretar” sobre la habilitación electoral de Evo Morales y su persona, “sólo tiene que cumplir lo fallado por el TCP”.
El núcleo duro del régimen había hablado por boca del segundo mandatario, dejando en claro que la supuesta independencia del Órgano Electoral como “cuarto poder del Estado” sólo es una más de las tantas ficciones jurídicas del sistema plurinacional.
Tras la carta de renuncia irrevocable de Uriona, el vice, quien también preside el Legislativo, señaló que será desde esa instancia que se procederá a rellenar las acefalías en el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de que éste aún tiene quórum para sesionar, para el oficialismo suena mejor asegurarse con una mayoría de 5 sobre 7, en vez de mantener la frágil correlación de 3 sobre 5 vocales subsistente en la actualidad.
De esta manera se consumaría el “Alvarazo” al TSE, dejando en ínfima minoría a los restantes magistrados “moderados o institucionalistas”, Dunia Sandóval y Antonio Costas.
Mediante este golpe de Estado al Órgano Electoral, el re-reeleccionismo blindaría la inconstitucional habilitación del Binomio Máximo. Pero no sólo eso. Se abriría también la puerta a manipulaciones significativas en el proceso de los comicios nacionales, retrotrayendo al TSE a la situación de lamentable sumisión que imperaba en el organismo con su anterior equipo de vocales, cuando, por ejemplo, se inhabilitó de un plumazo a 228 candidatos opositores en el departamento del Beni, extremo nunca registrado en los anales del fraude en toda la historia universal.
Si la maniobra se concreta, desaparecerá todo vestigio de confiabilidad en el arbitraje electoral y nos dirigiremos a un sufragio “a la venezolana”, donde el hundimiento del oficialismo en la intención de voto sería compensado a través de múltiples trampas.
Pero antes las calles hablarán, en defensa del mandato vinculante del 21F. Ojalá que también lo haga la Corte de San José, para desmontar esa falacia del “derecho humano” a la perpetuación en el poder.