No hay delito por criticar defectos de la Constitución

Artículo  12.- No se comete delito, cuando se manifiestan los defectos de la Constitución o de los actos legislativos, administrativos o judiciales, con el objeto de hacer conocer sus errores o la necesidad de su reforma, siempre que no contengan ofensas de otro género.

Bajo esta prescripción jurídica de la vieja Ley de Imprenta, pero plenamente vigente, ningún ciudadano podría ser apresado ni siquiera juzgado en relación a las últimas protestas en varias ciudades del país efectuadas como consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha dado luz verde  a una nueva repostulación presidencial del actual mandatario, Evo Morales, contra todo orden constitucional.

Ni siquiera se aproxima a un defecto o error de los “jueces supremos”,   sino más bien a un delito y hasta prevaricación.   Han volcado su trasero a la voluntad del pueblo que en referendo ha dicho no en febrero del año pasado  a una nueva repostulación de Morales, por ser signo inequívoco de la  antidemocracia y de un totalitarismo.  Han declarado inaplicables, sin competencia para ello, cuatro artículos de la Constitución Política del Estado para permitir esa repostulación.

El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional  se convierte en el detonante perfecto para movilizaciones de resistencia y protesta. Nadie que salga a las calles por esa canallada podría ser   molestado, menos apresado o juzgado, ya que se trata de manifestaciones contra el abuso del poder político.   La sabia Ley de Imprenta dice en su artículo 12 que no se comete delito alguno cuando se critican los actos judiciales, administrativos o legislativos defectuosos o erróneos.

Dice, asimismo, que nadie puede ser acusados por hechos difamatorios y menos obligado a probar la verdad. La prueba de la verdad es de dominio público. Es la flagrancia con la que han actuado los supremos que han tomado decisiones desconociendo y burlando al pueblo boliviano, suplantando funciones de la Asamblea Legislativa.

Se ha cometido abuso de poder al movilizar a la Policía para   gasificar manifestaciones y apresar a jóvenes y dirigentes cívicos que marcharon contra los defectos constitucionales, sabiendo que el resultado del 21F es vinculante para las futuras elecciones generales. El Ministerio Público no podría abrir causa alguna contra ninguno de ellos, ya que no hay materia judiciable y menos delito cometido.

La violencia con la que han actuado los manifestantes es consecuencia de la provocación del propio poder político.

Los enunciados normativos de la Ley de Imprenta representan los mecanismos legales que garantizan el ejercicio de la libre difusión de ideas, pensamientos, el ejercicio deliberativo, ya que permite el debate, la discusión, el intercambio de ideas entre actores políticos. Esta es la faceta que olvidamos de ella. Es una ley para sustentar la democracia, para hablar en libertad de cuestiones de la vida pública.

No representa sólo cuestiones periodísticas. Trasciende el ámbito del periodismo y de los medios de comunicación para proyectarse con pertinencia a la defensa de la misma sociedad, la democracia, el orden constitucional. La ley está en plena vigencia pese a su antigüedad, no habría temor por acudir a ella y exigir su aplicación. Los periodistas, individual y gremialmente, no debemos temer a pronunciarnos contra esa aberración de los “supremos”. 

Jaime D’Mare C. es periodista.