Desde enero de 2018 a la fecha en el departamento de Oruro, se tienen registrados siete casos de violencia y acoso político, que es de conocimiento del Tribunal Electoral y de la Fiscalía, el seguimiento está a cargo del coordinador y los abogados de esta institución. 

Existen maltratos como las que se da de parte de las autoridades originarias, que empiezan a acusar políticamente o en algunos casos reclamar las suplencias, dejando de lado que una autoridad es elegida por cinco años y no por un tiempo y una renuncia es voluntaria, explicó Humérez.

"Nuestra institución ha nacido a razón de defender los derechos políticos de cada una de nosotras, hace muchos años nosotros no podíamos estar como autoridades, ahora la constitución reconoce que el 50 por ciento de las autoridades deben ser mujeres", indicó la vicepresidente de Amcor, Patricia Callejas Capurata.

La presidente de esta institución, señaló que actualmente aún nos falta aplicar desde la justicia el respeto a las mujeres en el ámbito de sus derechos constitucionales, sin embargo, indicó que se debe seguir avanzando en consolidarlo como un derecho legítimo y punible cuando se cometan estos errores en contra las mujeres.

Recientemente se firmó un convenio interinstitucional con el Órgano Electoral, la Fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y el Tribunal de Justicia, para que estos hechos que van en contra de las mujeres no queden en el olvido o retardo administrativo, siendo su objetivo el de viabilizar su consolidación y sanción.