Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 06 de diciembre de 2017
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
La elección de jueces, una idea de España que atracó en Bolivia
La idea de elegir a jueces por voto popular llegó
de un equipo de constitucionalistas españoles que actuó como asesor de
la Asamblea Constituyente, que se llevó a cabo entre 2007 y 2008, en
Sucre, Oruro y La Paz.
El país acaba de votar por segunda vez para elegir a los máximos
magistrados nacionales. Y, por segunda vez, la elección resultó un
fracaso. Si hace seis años, cuando el experimento se hizo por primera
vez, el voto nulo y blanco alcanzó al 59%, ahora subió al 67%, según los
datos preliminares ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
No sólo es la baja votación. La camada de jueces elegidos en 2011
resultó terriblemente ineficaz, mediocre y deshonesta. Casi todos los
elegidos terminaron enjuiciados por diferentes delitos, entre otros,
acoso sexual. Sólo los seis magistrados del Tribunal
Constitucional enfrentan alrededor de 60 denuncias en su contra, a la
espera de una resolución de la Cámara de Diputados. Mirtha Camacho ha
acumulado 13 procesos en su contra; Efrén Choque, ocho; Ruddy Flores,
siete; Macario Lahor Cortez, 11; Oswaldo Valencia, 10; Zenón Bacarreza,
nueve, y Neldy Andrade, siete.
El caos era tal que en febrero de 2014 Evo Morales admitió el fracaso
del sistema de elección de jueces: “Yo quiero decir la verdad, aunque
algunos se molesten. Creo que en vano incorporamos poncho y pollera en
la justicia, no cambia nada, esa es mi pequeña evaluación”.
El propio Gobierno incorporó procesos contra los magistrados, pero contra los independientes.
Por aceptar un recurso contra la Ley del Notariado fueron suspendidos
Gualberto Cusi, Soraide Chanez y Ligia Velásquez del Tribunal
Constitucional. El objetivo, hoy, parece obvio: tener a integrantes
sumisos, que le permitieran al Gobierno gobernar indefinidamente. Tras
salir esos tres magistrados, fueron convocados los tribunos suplentes,
que acaban de fallar a favor de la reelección indefinida del Presidente.
Una idea venida de España
La idea de elegir a jueces por voto popular llegó de un equipo de
constitucionalistas españoles que actuó como asesor de la Asamblea
Constituyente, entre 2007 y 2008 en Sucre, Oruro y La Paz.
El grupo de asesores españoles estaba dirigido por Roberto Viciano y
Rubén Martínez Dalmau, y compuesto por José Luis Martínez, Albert
Noguera y Alfredo Serrano, entre los más destacados, todos ellos
relacionados al ahora cerrado Centro de Estudios Políticos y Sociales
(CEPS) y a la Universidad de Valencia. A ellos se sumó también Íñigo
Errejón, entonces un aventajado estudiante de doctorado de la
Universidad Complutense que había decidido escribir su tesis sobre el
“proceso boliviano”. Hoy Errejón es integrante de Podemos, el partido
español de izquierda aliado al MAS de Bolivia.
La CEPS llegó primero a Venezuela, durante el gobierno del expresidente
Hugo Chávez, quien le entregó a esa entidad siete millones de euros de
apoyo económico para que asesorara a la Asamblea Constituyente de ese
país y para crear en España “consensos de fuerzas políticas y
movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más
afines al Gobierno bolivariano”, según un documento revelado en abril de
2016.
La fuerza creada es precisamente Podemos. Esa fuerza se llama Podemos,
que fue integrada por una veintena de dirigentes del CEPS, de los que
nueve son actualmente diputados en ese país, empezando por el líder del
partido, Pablo Iglesias, quien fue responsable de organizar el centro.
Viciano y Martínez Dalmau habían trabajado seis años antes en la
Asamblea Constituyente venezolana (y en 2008 asesoraron a la de
Ecuador). Algunas de sus ideas, respecto de reducir las características
representativas de la democracia liberal, habían sido incorporadas en el
texto venezolano, por ejemplo, en el hecho de poder “revocar” a todas
las autoridades, incluido el Presidente, por voto popular. Los españoles
creían en que se debían potenciar las posibilidades de la democracia
directa, por encima de la delegativa.
Según dijo el exasambleísta Raúl Prada a este periodista en 2015,
entrevistado para un reportaje publicado en Venezuela, éstos llegaron al
país a través de programas de apoyo de Venezuela, cuyo gobierno estaba
interesado en la marcha del proceso constituyente boliviano.
Ideas concretas de influencia española
Por su parte, Samuel Doria Medina, jefe de UN y exasambleísta, expresó
que los españoles trajeron ideas muy concretas a la Asamblea, luego
incorporadas a la Constitución boliviana, como el concepto de “justicia
plural” (es decir de convivencia entre la justicia ordinaria y la
comunitaria) y la elección de magistrados por voto popular.
“Esas son ideas que ellos trajeron. Lo mismo, su visión inflexible sobre
los recursos naturales. Ellos impusieron la idea de que en caso de
asociaciones con empresas privadas en la producción de hidrocarburos, si
existen ganancias, se comparten con el Estado, y si hay pérdidas, la
empresa es la que debe asumirlas en un 100%”, contó. “Así, ¿quién
va a invertir en Bolivia?”. El político opositor cree que esas tres
ideas han sido muy perniciosas para la sociedad boliviana.
Franco Gamboa, que fue el representante en Sucre de la oficina de
Naciones Unidas encargada del seguimiento a la Asamblea, coincidió con
ello. “Los españoles lograron jugar un papel ideológico y político
importante en la Asamblea. Ellos influyeron en el tema de la elección
popular de jueces y el pluralismo jurídico, pero también en el concepto
de Plurinacionalidad, que está en el nombre oficial del Estado
boliviano”, contó.
Martínez Dalmau, quien envío unas respuestas por mail para el mencionado
reportaje, negó tajantemente todo ello: “Ni el tema de la (unión de
la) justicia popular con la formal ni la elección directa de los
magistrados ha estado nunca, al menos en mi caso, en mi ámbito de
interés. De hecho, cuando escuché sobre la elección directa de los
magistrados en la constituyente boliviana le vi más problemas que
virtudes. No obstante, los constituyentes lo asumieron como una decisión
propia”, dijo el constitucionalista al responder el cuestionario
mencionado.
Pero hubo más: no sólo que los asesores españoles influyeron en el
contenido de la Constitución, sino que prácticamente la redactaron. Como
el proceso constituyente boliviano había sido tan obstruido, con largas
demoras en Sucre, violentas protestas en La Calancha, cambio de sede al
Liceo Militar y finalmente instalación de sesiones en Oruro, las
diferentes comisiones de asambleístas del MAS entregaron más de 700
artículos, muchos de ellos mal redactados, incongruentes y
contradictorios entre sí. Fue cuando el vicepresidente Álvaro García
Linera convocó a algunos abogados para que trabajaran en el edificio de
la Lotería, en La Paz, e integraran a una “comisión de redacción” de la
CPE.
Redacción final
Según Prada, Doria Medina, la también exsambleísta Rebeca Delgado y Franco Gamboa, los españoles Viciano y Martínez Dalmau fueron dos de los redactores de la CPE boliviana y tuvieron como función ordenar los caóticos artículos que habían redactado los asambleístas del MAS. Nadie podía hacerlo mejor que ellos, pensó García Linera.
Viciano, Martínez Dalmau y sus asistentes bolivianos terminaron a tiempo y de 700 artículos originales concibieron un texto constitucional de 411 artículos. Fue aprobado el 9 de diciembre en Oruro en sólo 14 horas, sin debate alguno excepto oír (pero no aceptar) las observaciones de la solitaria bancada de UN, la única opositora que asistió a la sesión. Ningún artículo fue rechazado, reformado o reescrito.
Viciano y Martínez Dalmau tuvieron todavía un trabajo adicional que
hacer. El premio final, digamos: los 411 artículos pasaron a una
comisión de estilo y concordancia, que se reunió en La Paz entre el 11 y
el 13 de diciembre, en el edificio de la Lotería. Allí los asesores
volvieron a trabajar, esta vez en el afinado final.
Martínez Dalmau admitió, en el email mencionado, esa situación: “(…) el proceso de revisión técnica de la Constitución que se aprobó en grande en Oruro fue en el edificio de la Lotería, en La Paz. Yo trabajé unas horas en algunos puntos sobre los que me pidieron asesoría; en esa reunión estaban sólo constituyentes, y sus decisiones fueron sobre la coherencia del texto. No estaban ni García Linera ni Evo Morales”. Según varias fuentes, no sólo trabajó “unas horas”, sino durante todo el proceso de redacción de la nueva Constitución.
También agregó: “Nosotros trabajábamos más en el ámbito técnico y,
respecto a temas materiales, en las garantías de los derechos, los
mecanismos de democracia participativa y los métodos de control al poder
constituido, especialmente al Ejecutivo. Esos eran nuestros puntos
fuertes”. Precisamente, una forma de control al poder constituido es
elegir a jueces por elección directa. (ANF)
El equipo español
- Líderes El grupo de asesores españoles estaba dirigido por Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau.
- Equipo El grupo español estuvo compuesto por José Luis Martínez, Albert Noguera y Alfredo Serrano, entre los más destacados, todos ellos relacionados al ahora cerrado Centro de Estudios Políticos y Sociales y a la Universidad de Valencia.
- Podemos Al equipo se sumó Íñigo Errejón, entonces un aventajado estudiante de doctorado de la Universidad Complutense que había decidido escribir su tesis sobre el “proceso boliviano”. Hoy Errejón es integrante de Podemos, el partido español de izquierda aliado al MAS de Bolivia.