En el cierre de las deliberaciones, las mujeres indígenas dieron testimonio de las luchas que les toca librar en sus territorios y denunciaron que todos los gobiernos tienen en común la sistemática negación del derecho a consulta previa, la criminalización de su dirigencia y la promoción de megaproyectos que potencian el extractivismo y la destrucción de sus territorios.
Belkyz Herrera, dirigenta de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (Opiac), denunció que “el asesinato, la persecución judicial y el desplazamiento de los territorios constituyen una amenaza permanente” y detalló que entre septiembre y octubre, seis líderes ambientales, indígenas y sociales fueron asesinados por defender los bienes comunes en su país.
Dijo que en toda la región la consulta previa está amenazada y en Colombia, como en otros países, “con el argumento de que los indígenas somos un obstáculo para el desarrollo, también proceden a la reglamentación unilateral de este derecho reconocido por las leyes nacionales y convenciones internacionales”.
Añadió que la pérdida territorial, el extractivismo y la deforestación son amenazas comunes porque “no cesa la ocupación de nuestros territorios por megaproyectos mineros y petroleros, y por grupos que al margen de la ley cultivan coca y marihuana para el narcotráfico”. 
Por su parte, la dirigenta de la Federación Nacional de Madre de Dios (Fenamad) del Perú, Rosmery Arique, añadió que como resultado de la negación de la consulta se generan conflictos por “sobreposición” de derechos sobre territorios indígenas e imposición de megaproyectos de sobreexplotación de los recursos de la selva con la consecuente devastación de la biodiversidad de la Amazonía.
Afirmó que frente a la arremetida de los gobiernos aliados al capital transnacional “apelamos a la estrategia de resistencia en nuestros propios territorios, pero también la defensa legal y la denuncia internacional”. 
En Bolivia está en curso un plan de extinción de los pueblos indígenas a través de megaproyectos hidroeléctricos, que impulsa el Gobierno en la Amazonía, entre ellos El Bala, Chepete y Rositas, acotó la dirigenta Ruth Alipaz Cuqui de la Mancomunidad del río Beni.
Señaló que el plan de desarrollo estatal que plantea construir diez hidroeléctricas y que pretende ampliar la frontera agrícola para el agronegocio son las evidencias más claras del proyecto de devastación de la Amazonía.
“El Tipnis es un proyecto emblemático de violación de derechos con la finalidad de la colonización y la expansión de la siembra de coca, el Illimani es el otro cerro rico que está siendo saqueado por los chinos; todo el río Beni está siendo saqueado por empresas colombianas y chinas, y lo peor es que utilizan a los pueblos indígenas para que se asocien a las transnacionales y legitimen estos proyectos extractivos”, aseguró. 
La presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, Wilma Mendoza, dijo que “transgénicos, deforestación y contaminación” son el signo de este tiempo al impulso de los planes de desarrollo del Gobierno.
“Nuestros territorios están bajo amenaza por las empresas hidrocarburíferas y la explotación minera en gran escala, y frente a ello, solo podemos resistir, organizarnos y neutralizar los intentos del Gobierno de dividir a nuestras organizaciones”, manifestó.
Decy Teles de Carvalho, presidenta de la Asociación de Productores Rurales de Brasil, acotó que las amenazas son globales y que la única posibilidad de resistencia es “la articulación y unidad de nuestras organizaciones de los nueve países que son parte de la Amazonía”.
Desde su experiencia productiva detalló que las respuestas pueden emerger desde las bases y desde la capacidad productiva de los indígenas. “Nuestros proyectos pueden ser pequeños, pero tienen grandes impactos”, subrayó.
Las líderes indígenas coincidieron en la necesidad de construir una agenda para la protección de los derechos de los territorios y pueblos indígenas basada en el respeto a la vida, un proyecto por la vida y no por la destrucción.