Las dictaduras de uniforme sometieron a Bolivia casi ininterrumpidamente desde 1964, pero el 10 de octubre de 1982, cuando el centroizquierdista Frente de la Unidad Democrática y Popular se hizo cargo del poder político, las esperanzas de libertad renacieron y se anunció el principio de una promisoria nueva etapa.

Se había llegado a ese momento como producto de múltiples circunstancias no exentas de sufrimiento. Así, la “Masacre de San Juan” en el distrito minero de Catavi en junio de 1967, la publicación del “Manifiesto de Tiwanaku” en julio de 1973, la huelga de hambre de las mujeres mineras en diciembre de 1977 o el paro nacional indefinido y el bloqueo nacional de caminos de noviembre de 1979 fueron algunos de los hitos diversos pero fundamentales en la lucha por la reconquista de la democracia. Sólo en esos años, entre las dictaduras de René Barrientos y Alberto Natush, las víctimas mortales civiles sumaron más de 600. Luego vinieron los últimos estertores de la tiranía hasta que el Gral. Guido Vildoso entregó la Presidencia al Dr. Hernán Siles Zuazo.

Los años siguientes fueron de una compleja construcción y asunción de las instituciones y las reglas democráticas. Pese a la constante conflictividad vivida, a las distintas y agudas crisis que se presentaron y a la a veces intensa pugna de intereses sociales, la democracia logró subsistir debido ante todo a la convicción ciudadana de que no hay otra fórmula mejor que la del respeto de las normas para garantizar la convivencia social, aunque también contribuyeron a ello ciertos desprendimientos y acuerdos en el ámbito político. 

Siles renunció a un año de los 4 que tenía de mandato para evitar el retorno del golpismo, los posteriores pactos partidarios –aunque en su lado malo degeneraron en el “cuoteo” de la administración pública– dieron estabilidad y produjeron consensos positivos como los de 1991 y 1992 que perfeccionaron los mecanismos electorales, la interculturalidad y la participación popular modificaron el neoliberalismo excluyente a casi una década de su vigencia y los gobiernos de transición de 2003 a 2006 recondujeron el orden constitucional. Todo ello posibilitó, a su modo, la continuidad democrática.

Esta trayectoria, con una breve fase de recuperación y otra más prolongada de (re)organización, se ha desenvuelto hasta ahora en medio de factores más o menos constantes como las protestas y convulsiones sociales, los estados de excepción y la economía de mercado.

La última crisis nacional, que se desató a partir del año 2000, halló una vez más salida dentro de los márgenes institucionales y la asamblea constituyente de 2006 y 2007 prometió otro comienzo. No obstante, durante los cerca de 13 años de permanencia en el gobierno del nuevo grupo de poder conformado entonces, el panorama ha vuelto a ensombrecerse.

Después de 36 octubres, Bolivia vive una penosa etapa de desmontaje de su democracia. La Constitución está siendo violada, desconocida la soberanía popular, sojuzgados los órganos estatales y clausurado el pluralismo. Se tiene hoy un profundo déficit mixto, de legalidad y legitimidad. 

La ficción electoral que enfrentará al aparato gubernamental decadente con una oposición todavía improvisada no resolverá esta profunda crisis. La transición que ya comenzó abre un campo nuevo de incertidumbre que convoca otra vez a la convicción ciudadana, los desprendimientos y los consensos democráticos.