El debilitamiento de las instituciones que constituyen la garantía de un sistema democrático va en franco avance en todo el mundo, tanto así que países que ostentaban su apego a las leyes y sus instituciones, hoy encabezan la larga lista de estados en los que la irracionalidad se instala sin que exista fuerza capaz de frenar su avance. Un ejemplo claro constituye la nominación como magistrado perpetuo de la Suprema Corte de Estados Unidos de una persona sobre la que pesan denuncias graves sobre agresiones sexuales y la resistencia que generó en buena parte de la población su candidatura; una candidatura que a su vez fue promovida por un personaje carente de inteligencia, valores y principios éticos y con señales claras de demencia que funge de Presidente. De esta manera, se le asesta una estocada a la justicia, su confiabilidad, credibilidad y respetabilidad en perjuicio de millones de ciudadanos y ciudadanas. Quedó claro que la resistencia no tuvo nada que ver, ni tendría por qué, con su inclinación política, sino las comprensibles dudas que genera la impunidad en la que quedaron sus actos por su poder social y económico. En América Latina, la sobrepoblación carcelaria tiene que ver, sobre todo, con la debilidad de las instituciones de los estados que se consideran democráticos y de derecho, situación que ha sido superabundantemente documentada, pero que ni las recomendaciones de los organismos internacionales tienen efecto alguno como para que puedan mejorar, no solo las condiciones de privación de libertad y las garantías a la integridad física y psicológica de las personas internas, sino en la aplicación correcta de las leyes, la celeridad en las resoluciones y el uso de una medida tan extrema, pudiendo adoptar otras menos gravosas para el mismo Estado, especialmente cuando se trata de delitos menores. En Bolivia, el agravamiento de la debilidad del sistema de Justicia tiene consecuencias tan nocivas que amenaza con destruir todo vestigio de convivencia democrática, aspecto que al parecer a nuestros gobernantes les tiene sin cuidado, no es parte de sus preocupaciones o realmente es lo que buscan con tal de disfrutar de los beneficios del poder por algunos años más; de ahí que su preocupación se halle centrada en ubicar a sus militantes más obsecuentes y menos preparado en cuanto cargo quede vacante en el Órgano Judicial o el Ministerio Público. De esa manera, tienen asegurado que ninguno de los participantes en los hechos de corrupción, atentados contra la vida, la libertad la integridad y la propiedad de los opositores tendrá que ser llamado a rendir cuentas ante la justicia. Antes de que sea tarde es necesario cambiar.