Los hechos –que, por eso mismo, están a la vista de todos– revelan que todo cuanto hizo el partido en función de gobierno en los últimos meses fue trabajar para una nueva reelección del presidente Evo Morales.

Sus esfuerzos en ese sentido son tantos que este espacio, y aún esta edición entera, serían insuficientes para enumerarlos. Por ello, vamos a limitarnos simplemente a dos hechos: la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de habilitar al Jefe de Estado a una reelección prohibida por la Constitución Política del Estado (CPE) y la promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas.

La actitud del TCP que era presidido por Macario Lahor Cortez ha motivado ríos de tinta y sus efectos llegan hasta el presente. Recuérdese que lo que decidió ese tribunal fue declarar “la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser la norma más favorable en relación a los derechos políticos…” respecto a la CPE. Esa norma dice que todos los ciudadanos deben “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país” y, en el caso del presidente Morales, lo que se interpreta con eso es que puede volver a candidatear aunque la constitución lo prohíba. Para rematar su decisión, el TCP declaró la inconstitucionalidad de los artículos 52.III en la expresión “por una sola vez de manera continua” y 64 inc. d), 65 inc b), 71 inc c) y 72 inc b) en el enunciado “de manera continua por una sola vez” de la Ley del Régimen Electoral.

Toda esa parafernalia jurídica tenía un objetivo: habilitar al presidente y, aunque jurídicamente no haya sido así, porque nada está encima de la constitución, el MAS siguió actuando con el objetivo de que Evo Morales vuelva a candidatear.

Quienes firmaron el fallo, y desempeñaban la función de tribunos cuando eso ocurrió son seis: Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy Flores y Neldy Andrade. Su sentencia fue la última actuación importante de sus gestiones porque terminó su mandato. Cuando cesaron en el cargo, la oposición y las plataformas ciudadanas, que en los hechos son lo mismo, denunciaron que todos ya tenían cargos como diplomáticos.

Mientras ellos dejaban sus funciones, con una estela de ignominia, el oficialismo activó su siguiente movimiento: las elecciones primarias, una reforma que había planteado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pero para aplicarse a partir de 2020. Empero, el MAS vio que ahí tenía una nueva manera de legalizar la repostulación presidencial y la apuró. Sorprendiendo al propio TSE, aprobó y promulgó la Ley de Organizaciones Políticas en tiempo récord.

Si las primarias se realizan tal como están planteadas en la referida ley, el MAS elegirá como candidato presidencial a Evo Morales y no habrá manera de hacer que desista de su intento. El TSE apareció en el ojo de la tormenta y tanto su vicepresidente como su presidenta prefirieron renunciar a sus cargos.

Pero el MAS no está dispuesto a dejar cabos sueltos y, ante la posibilidad de más renuncias, que dejen al supremo electoral sin quórum, sacó de la manga una ley rápida y transitoria para llenar las vacancias e inclusive nombrar a los suplentes.

Mientras, las advertencias de la oposición se confirmaron. Por lo menos tres de los seis exmagistrados que aprobaron la repostulación del presidente ya tienen cargos en el Estado: Neldy Andrade trabaja en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa de Minería, dependiente del ministerio del sector, y Ruddy Flores Monterrey, que primero fue nombrado director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, luego fue designado como ministro consejero de Bolivia ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza, por el propio presidente Evo Morales.

La última: Macario Lahor Cortez asumió el cargo de director nacional del INRA.