La convocatoria hecha por altos dirigentes del Movimiento al Socialismo, para iniciar una vigilia en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) exigiendo que “respete” el dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y habilite a Evo Morales y Álvaro García Linea para una nueva repostulación a la presidencia y vicepresidencia del Estado, inicia un giro más a la espiral de desinstitucionalización y violencia en que ha caído nuestro país.

No parece casual que esa nueva ofensiva contra las instituciones se produzca casi simultáneamente con otro operativo de las fuerzas oficialistas para reforzar su dominio sobre el TSE. Allanado en días pasados el camino, por la renuncia de su presidenta, ahora están dadas todas las condiciones para lograr el sometimiento incondicional de la autoridad electoral de modo que vuelva a ser, como en años anteriores, una simple repartición ejecutora de las instrucciones dadas por el equipo de estrategas del proyecto autocrático.

Para evitar que eso suceda, de nada habrá servido lo que manda la Constitución Política del Estado. Y no sólo porque se desacata lo que manda el Art. 168. También, en los hechos, se deja sin efecto el Art. 108/1-3 de la CPE que fija como deberes de la ciudadanía “Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” y, peor aún, se pasa por encima del Art. 410/I-II que dispone que todas “las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución” y que ésta “es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa”.

Entre las normas de menor rango que están siendo violadas se destaca la Ley del Régimen Electoral que, con toda claridad, dispone que “las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante” (Art. 15) y que los referendos “no pueden ser anulados, por ninguna causa y ante ninguna instancia” (Art. 191).

Lamentablemente, la claridad con que las leyes vigentes marcan los límites a las inclinaciones autoritarias no resulta suficiente. De nada vale lo abundantes y sólidos que son los argumentos con los que se sostiene la defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016. Ante la fuerza avasalladora de las fuerzas gubernamentales, y ante la manera ya desembozada con que han decidido hacer escarnio de la Constitución Política del Estado y de todo el marco legal que rige la convivencia democrática, todo parece indicar que resulta ya inevitable que nuestro país dé un paso más hacia el despeñadero del autoritarismo.