El alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, no logró que la denuncia en su contra por supuestas irregularidades en la compra de cámaras de seguridad en el marco del proyecto Ciudad Segura, ciudad inteligente, sea procesada a través de un coactivo fiscal y tendrá que defenderse de estas acusaciones ante la justicia penal. Leyes pidió ante el juzgado anticorrupción que su caso emule a lo hecho en la denuncia por la compra de taladros para YPFB, en la que se esperó una auditoría para determinar los tipos de responsabilidades de los funcionarios involucrados. En esta ocasión, la jueza del caso rechazó su solicitud. El alcalde suspendido volvió a su arresto domiciliario.