“Es una resolución incongruente porque por una parte confirma la resolución y por otra parte anula la misma resolución”, informó tras concluir la audiencia de solicitud de revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención de Leyes.

El caso mochilas I comenzó a ser investigado el 3 de abril, cuando la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba, tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas de 2018 fueron provistos por la empresa accidental “26 de Febrero”, que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal comprometió el pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.

Según Veizaga, la resolución judicial aplicada contra Leyes fue anulada porque, presuntamente, le falta una fundamentación expresa sobre la existencia del riesgo procesal de que el burgomaestre obstaculice la investigación del caso si se defiende en libertad.

“Sin embargo, en la resolución consta los motivos por los cuales se considera que no se ha desvirtuado este riesgo de obstaculización”, sostuvo.

El abogado de Leyes, Humberto Trigo, dijo, por su parte, que la Sala Penal Tercera determinó, además, que el juez anticorrupción del caso se pronuncie en 72 horas sobre una solicitud de la defensa del imputado, para que reasuma sus funciones laborales.

“Si esa resolución no sería favorable a nuestros intereses, obviamente, volveremos a apelar ante este tribunal”, advirtió.

El jurista manifestó que la resolución de la Sala Penal Tercera podría ser causal para que no se realice una audiencia solicitada por el Ministerio Público, que fue programada para el 25 de octubre con el fin de analizar si debe revocarse la detención domiciliaria de Leyes para su encarcelamiento preventivo.