La suma de eventos desafortunados propiciados por el partido de Gobierno para prolongar la presencia del actual presidente en el poder, contraviniendo claramente con las disposiciones constitucionales, ha conducido al país a un escenario de cada vez mayor incertidumbre y al descalabro de las ya precarias instituciones políticas.

Hemos transitado por una gestión de Gobierno altamente electoralizada, puesto que no había transcurrido ni un año del inicio del tercer mandato del presidente cuando a fines de 2015 la bancada del MAS propuso y aprobó la realización de un referéndum para modificar la Constitución y permitir la repostulación de Evo Morales. Los resultados no previstos de la consulta realizada en febrero de 2016 provocaron que se inicie una campaña de desprestigio de las redes sociales y un rechazo a las plataformas ciudadanas que defendían el voto.

A fines de 2017 se desplegaría otra estrategia, esta vez mediante la búsqueda de un fallo Constitucional que habilite la postulación del presidente, que, si bien resultó favorable para el MAS, produjo el rechazo y denuncia de activistas ciudadanos y opositores. Finalmente, a mediados de 2018 se precipitó la aprobación de elecciones primarias mediante la Ley de Organizaciones Políticas, que en sus versiones preliminares estaban pensadas para una aplicación progresiva, pero súbitamente fue aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, estableciendo plazos perentorios para la definición de los binomios y alianzas y, sobre todo, la clausura de las candidaturas un año antes de las elecciones generales. Este último hecho ha abierto un camino ancho para el MAS y escarpado para los opositores que no lograban articular una candidatura de unidad ni una estructura institucional sólida que la soporte.

Entonces, cada año de esta gestión estuvo galardonado con alguna sorpresa política que retomaba la voluntad de consolidar la repostulación. El escenario se ha visto agravado en los últimos días por la renuncia de dos vocales del TSE, entre ellos su presidenta.

No se trata solamente de un momento de una polarización o una mera disputa entre dos o más posiciones discursivas o sujetos políticos que buscan generar adhesiones y acumular fuerza política para encarar las futuras elecciones, lo cual sería absolutamente legítimo y democrático. Sino que este ventarrón político ha ido arrastrando instituciones fundamentales de la democracia. Por una parte, la Constitución (ignorando sus disposiciones); algunas leyes, como la reciente Ley de Organizaciones Políticas, que fue forzada en su aprobación; e incluso reglamentos, como el de la Ley de Organizaciones Políticas, que fue cuestionada por los propios vocales del TSE. Por otra parte, el irrespeto al voto mayoritario ciudadano resultado del referéndum y, por último, el sistemático debilitamiento de una de las estructuras institucionales básicas de la democracia, como el Tribunal Supremo Electoral, que por sus características -de árbitro imparcial- requiere estar exento de presiones e injerencias políticas.

Concordemos, por lo dicho, que no existen condiciones para seguir con la vorágine electoral, tal y como está planteada hoy; sobre todo porque los actuales responsables de la gestión política parecen ignorar a la sociedad y piensan pasarla por alto. Estamos a tiempo de recuperar la confianza y el sentido de las instituciones democráticas y abandonar este delirio de la prueba y error, cuyos efectos pueden ser devastadores.